Por Ramesh Ponnuru
Con respecto a la marihuana, los políticos se están poniendo al día con la opinión pública y el Gobierno federal se está poniendo al día con los estados. Quince estados más el Distrito de Columbia han legalizado su uso recreativo. La mayoría de los estados lo han hecho por razones médicas (y “médicas”). Las encuestas muestran un apoyo mayoritario a esa política.
Ahora, la Cámara de Representantes de Estados Unidos votó, por primera vez, para poner fin a la prohibición federal, despenalizar la droga y anular las condenas no violentas relacionadas con la marihuana. Pero la causa aún no ha triunfado. La mayoría de los republicanos aún está a favor de la prohibición, al igual que el presidente electo, Joe Biden. El proyecto de ley no será aprobado en el Senado ni se convertirá en ley.
En un mundo ideal, cada parte de este debate reconsideraría su posición a la luz de lo que la otra parte acierta. Lo que entienden los legisladores a favor de la marihuana es que la prohibición federal es insostenible. Pero Biden y los republicanos tienen preocupaciones razonables sobre los riesgos de aplicar un enfoque de laissez-faire a la marihuana.
Las prohibiciones del Gobierno sobre cualquier producto llaman a las fuerzas de orden a interponerse entre compradores y vendedores dispuestos. Esto siempre tiene el potencial de resultar en una aplicación injustamente selectiva y engendrar una falta de respeto por la ley.
Ahora el federalismo está haciendo que la aplicación sea aún menos sostenible. El Gobierno federal siempre ha confiado en los estados y localidades para hacer el trabajo pesado de hacer cumplir las prohibiciones a las drogas ilícitas. No tiene la voluntad ni los recursos para hacer cumplir la ley federal sin cooperación local.
Esto deja lo peor de ambos mundos: una guerra a medias contra la marihuana que desperdicia recursos policiales y pone en prisión a unos pocos desafortunados mientras activa un gran mercado ilegal.
Una respuesta federalista más pura a la política sobre la marihuana, donde cada estado sigue su propio camino y el Gobierno federal se limita a bloquear el tráfico interestatal, tiene un atractivo teórico. En la práctica, sin embargo, es poco probable que los estados puedan mantener las prohibiciones de drogas si sus vecinos han abandonado la lucha. Incluso desalentar el uso de la marihuana a través de impuestos elevados probablemente sobrepasaría la capacidad de un estado debido al contrabando. (Casi la mitad los cigarrillos que se fuman en Nueva York y California provienen de otros estados debido a los impuestos).
El principal inconveniente de optar por la legalización total es que aumentará el número de usuarios problemáticos. Si bien la mayoría de las personas que usan marihuana lo hacen ocasionalmente, los usuarios habituales representan aproximadamente 80% del consumo. No los matará como puede hacerlo el alcohol. Pero para muchos de ellos, interferirá con otras actividades y se escapará de su control.
Mark Kleiman, un estudioso de la política de drogas, explicó por qué un mercado libre de marihuana apuntaría a estos usuarios problemáticos y menores de edad: “Desde el punto de vista de una compañía de cannabis, las personas que luchan contra un trastorno de consumo de cannabis no representan un problema, son un objetivo demográfico. Y el uso por parte de menores, una pesadilla para padres y maestros, es el sueño de un vendedor de cannabis, porque mientras antes alguien comience a consumir, más probabilidades tendrá de convertirse en un gran consumidor”.
Kleiman, quien murió en el 2019, no llegó a la conclusión de que la marihuana debería, por lo tanto, seguir estando prohibida. En cambio, argumentó que la posesión y el uso deberían ser legales, pero que las ventas deberían limitarse a organizaciones sin fines de lucro, cooperativas de usuarios y monopolios estatales.
Esta política evitaría la mayoría de los costos de una prohibición. Pero no daría a los proveedores un incentivo financiero para expandir su base de clientes. Sería compatible con un impuesto nacional que elevara el precio de una manera que apenas incomodara a la mayoría de los usuarios y al mismo tiempo desalentara el exceso. E inhibiría la formación de un poderoso grupo de presión con interés en combatir dicho impuesto y en detener otras políticas para promover la salud pública.
En el caso de la marihuana, es probable que la eficiencia y la productividad del capitalismo de libre mercado creen más daño que bien. Por lo tanto, debemos restringir su funcionamiento. Si bien la prohibición federal debería terminar, podemos y debemos tolerar el uso sin ser totalmente indiferentes a ella. Parafraseando a Kleiman, deberíamos encontrar una manera de dejar de hacer de la marihuana un delito, sin que sea una industria.