Biden debe navegar entre ambientalistas y demócratas moderados

Invocar una emergencia climática podría otorgarle a Biden la autoridad para eludir el Congreso y financiar proyectos de energía limpia, cerrar las exportaciones de petróleo crudo, suspender la perforación en alta mar y reducir el movimiento de combustibles fósiles vía ductos, trenes y barcos, según una nota de investigación de la firma consultora ClearView Energy Partners.

“Los poderes del presidente para abordar el cambio climático a través de una emergencia son muy, muy amplios”, dijo Kassie Siegel, abogada del grupo ambiental Center for Biological Diversity, que está presionando al equipo de Biden para que actúe. “Este es el ítem número uno en la lista de cosas que debe hacer la Administración Biden”.

En un comunicado, el equipo de transición de Biden no abordó explícitamente la cuestión de una emergencia climática, solo dijo que planea seguir adelante con su plataforma de políticas para combatir la crisis climática mientras crea millones de empleos. La plataforma climática de Biden no incluye ninguna mención de declarar una emergencia climática.

La cuestión de la emergencia nacional podría ser una fuente de tensión entre los grupos climáticos y Biden. Señala las duras luchas que se avecinan para el nuevo presidente, quien está en equilibrio entre complacer a los activistas que respaldaron su campaña y no promover medidas que atraigan la oposición de los demócratas más moderados.

Muchos ambientalistas se alegraron cuando Biden nombró esta semana al ex secretario de Estado John Kerry como enviado presidencial especial para el clima, cumpliendo la promesa de campaña de elevar el tema del calentamiento global a los niveles más altos de la Casa Blanca.

“Al abordar la crisis climática, el presidente electo Joe Biden está decidido a aprovechar el futuro ahora y dejar un planeta sanador a las generaciones futuras”, dijo Kerry el martes después de ser presentado como parte del equipo de seguridad nacional de Biden.

Sin embargo, los progresistas quieren que su Administración vaya más allá. Ven la declaración de emergencia como una forma de lograr su ambiciosa agenda climática, incluso si la legislación está bloqueada por un Senado potencialmente controlado por republicanos. Pero tal medida podría ser víctima de las realidades políticas derivadas de las elecciones.

“Declarar una emergencia climática radicalizará la protección climática, alienando a los senadores muy moderados necesarios para aprobar proyectos de ley de infraestructura y otros con disposiciones para reducir el carbono”, dijo Paul Bledsoe, exfuncionario del clima en la Casa Blanca de Clinton, que ahora trabaja en Progresive Policy Institute. “¿Por qué Biden tomaría prestado el libro de jugadas polarizadoras de Trump, cuando Biden realmente está tratando de unir al país para actuar sobre el clima?”

Si bien Biden ha prometido descarbonizar el sector eléctrico para el 2035 como parte de un objetivo de alcanzar cero emisiones netas para el 2050, muchos elementos de su plan requerirían que el Congreso actuara. Y otros cambios de política que prometió, como detener el fracking en terrenos federales, tendrían que pasar por un proceso regulatorio lento y engorroso que complicó algunas de las ambiciones del propio Trump.

Eso podría no ser lo suficientemente bueno para los ambientalistas progresistas que dicen que cuentan con que Biden siga adelante con la retórica de la campaña que atrajo a los votantes con mentalidad climática, como llamar al calentamiento global “una amenaza existencial para la humanidad”.

Greenpeace, junto con el Centro para la Diversidad Biológica y grupos como Amigos de la Tierra, figuraron entre las 500 organizaciones que pidieron que el próximo presidente declarara una emergencia climática nacional en diciembre pasado. Dos candidatos que buscaron la nominación presidencial demócrata, Bernie Sanders y Tom Steyer, se comprometieron en la campaña electoral a declarar que el cambio climático era una emergencia nacional.

Algunos son escépticos de que Biden declare una emergencia climática dados los resultados de las elecciones y la profundización de la crisis con el coronavirus y la economía, al menos no hasta el final de su presidencia. Las posibles acciones que Biden podría tomar bajo una declaración de emergencia, como suspender la perforación en alta mar o intentar cerrar los oleoductos, casi con certeza se retrasarían en largas batallas judiciales entabladas por oponentes. Si bien la Administración Trump fue cuestionada de manera similar por su desvío de fondos para el muro fronterizo, finalmente prevaleció en la Corte Suprema.

“Sería una señal bastante atroz de debilidad desde el principio; un reconocimiento de que el orden regular legislativo y regulatorio estaba destinado al fracaso”, dijo Mike McKenna, quien anteriormente se desempeñó en la Casa Blanca de Trump como asesor adjunto del presidente. “Eso me parece algo que podría suceder en el tercer o cuarto año, como parte de un esfuerzo por conseguir la reelección o la elección de quienquiera que se presente”.

Trump declaró una emergencia nacional en febrero del 2019, una medida que le permitió desviar unos US$ 3,500 millones para comenzar la construcción del muro a lo largo de la frontera sur después de que el Congreso rechazara la apropiación de los fondos. La medida generó críticas de miembros de su propio partido, como la senadora republicana de Alaska Lisa Murkowski, quien dijo que estaba “excediendo la prerrogativa legislativa”.

Partidarios de la medida señalan que los presidentes han utilizado declaraciones de emergencia en el pasado, que están diseñadas para otorgar al Ejecutivo poderes especiales y temporales para hacer frente a una crisis, y quedan decenas de emergencias nacionales activas.

“La declaración del muro fronterizo reconceptualiza por completo lo que constituye una emergencia, y ese genio nunca regresa a la botella”, dijo Benjamin Salisbury, analista de políticas sénior de Height LLC.