Tala ilegal
Tala ilegal

El gobierno de Perú no está cumpliendo su compromiso de combatir la tala ilegal, de acuerdo con el representante comercial de Estados Unidos, un caso que pudiera tener implicaciones más amplias mientras en Washington se debate la ratificación de un nuevo acuerdo de libre comercio en Norteamérica.

En una carta enviada a un legislador el 21 de diciembre, el representante Robert Lighthizer dijo que consideraba “inaceptable” que Perú decidiera recientemente colocar al Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y la Fauna Silvestre (Osinfor) -una agencia independiente que monitorea el comercio de madera y que se encontraba regulada por la Presidencia del Consejo de Ministros- dentro de la tutela del Ministerio del Ambiente.

En la carta dirigida al representante demócrata Richard Neal, Lighthizer agregó que Estados Unidos había “comunicado con firmeza” su posición a Perú, y dijo que solicitaría una reunión para consultas si no se revierte la decisión, el primer paso de un proceso que podría llevar a la aplicación de sanciones. Neal está asumiendo la presidencia de la poderosa Comisión de Recursos y Arbitrios ahora que su partido controla la Cámara de Representantes.

La misiva, de la que The Associated Press obtuvo una copia, fue enviada en respuesta a demócratas de la cámara baja que le escribieron al representante comercial estadounidense pidiéndole que interviniera después de que Perú emitió un decreto en el que le retiró la independencia a la Osinfor, lo cual viola el acuerdo comercial.

En un comunicado, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú indicó que la nación es respetuosa de los tratados internacionales, y afirmó que la independencia del Osinfor permanece intacta a pesar del cambio.

El caso podría ser el primero en el que Estados Unidos aplica medidas punitivas contra un socio internacional acusado de violar las protecciones ambientales en un acuerdo de libre comercio. Los legisladores le están prestando mucha atención para ver qué tan rigurosamente podría el gobierno de Trump defender las protecciones en el T-MEC -un nuevo tratado de libre comercio que reemplaza al TLCAN-, que el presidente ya firmó y ahora pasará al Congreso.

Desde hace tiempo, la tala ilegal es un problema en Perú, donde el Banco Mundial calcula que el 80% de las exportaciones de madera son ilegales. Se requiere que las compañías obtengan permisos que demuestren que la madera proviene de áreas aprobadas para su explotación, pero los fiscales dicen que durante años las autoridades forestales regionales han autorizado papeles donde se declara falsamente su origen.

El acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos y Perú que se firmó en 2006 incluía lo que se consideraba una medida de vanguardia en la que Lima permitía que el Osinfor operara como agencia independiente. Washington ha gastado más de 90 millones de dólares en ayuda al gobierno peruano para la protección forestal y de otro tipo.

“Para realizar este trabajo esta entidad necesita autonomía”, dijo Julia Urrunaga, directora del programa Perú de la Agencia de Investigación Ambiental, un organismo sin fines de lucro.

En una investigación de la AP efectuada en abril de 2017 se halló que el gobierno peruano ha socavado repetidas veces los esfuerzos de Washington para que erradique la corrupción en su comercio maderero, y que no está cumpliendo con los requisitos ambientales establecidos en el acuerdo.

En uno de los casos más sonados, investigadores del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense incautaron 1.770 toneladas métricas de madera de la selva amazónica de un carguero envejecido, cantidad suficiente para cubrir tres campos de fútbol americano.

La incautación fue considerada una inusual victoria contra el crimen organizado. Pero el director del servicio de inspección forestal de Perú fue destituido poco después, y tras su salida se redujeron las inspecciones para detectar madera talada ilegalmente.

El Osinfor es responsable de investigar el origen de las exportaciones madereras del país, detectando discrepancias que pudieran indicar tala ilegal. Se considera que esa agencia es una espina para los cabilderos de la industria que pretenden obtener concesiones de explotación forestal.

Rolando Navarro, que fue despedido como director del servicio de inspección forestal en enero de 2016 luego de incautaciones récord de madera ilegal, dijo el jueves que desde entonces el gobierno de Perú ha paralizado a la agencia en gran medida. Inspectores muy destacados renunciaron luego de que la moral se vino abajo y la agencia comenzó a no inspeccionar zonas donde se sabía que la tala ilegal era rampante, afirmó.

"En todo este tiempo han hecho todo el esfuerzo de debilitar a Osinfor", afirmó desde Washington, donde es miembro del Centro para el Derecho Internacional Ambiental, un organismo sin fines de lucro.

Si el representante comercial estadounidense solicita consultas con Perú y las conversaciones no resuelven el tema, el caso pasaría a un largo proceso que pudiera culminar en la aplicación de sanciones comerciales.

Urrunaga dijo que la carta de Lighthizer era un paso importante para asegurarse de que Perú cumpla con la protección ambiental a la que se comprometió cuando firmó el acuerdo.

“Espero que esto realmente se pueda solucionar sin tener que llegar a sanciones”, afirmó.