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Los precios de los alimentos han subido a niveles récord en todo el mundo, exacerbando la pobreza, el hambre y la inestabilidad política. Aunque no hay soluciones rápidas para la crisis, los países más prósperos deberían al menos esforzarse por no empeorarla.
Según el Programa Mundial de Alimentos (PMA), unos 193 millones de personas en todo el mundo sufren inseguridad alimentaria aguda, debido en parte a las presiones sobre los mercados alimentarios mundiales que se han ido acumulando desde hace tiempo. El aumento de los precios de la energía en 2021 hizo subir los costos de los fertilizantes y los combustibles que necesitan los agricultores.
El clima seco arruinó las cosechas en grandes países productores de alimentos como Brasil, Estados Unidos y Canadá. Los retrasos en el transporte marítimo causados por la pandemia han perturbado el comercio.
La invasión rusa a Ucrania ha agravado la crisis. Antes de la guerra, ambos países representaban casi el 30% del trigo comercializado a nivel mundial. Ucrania proporcionaba aproximadamente la mitad de las exportaciones mundiales de aceite de girasol y Rusia una octava parte de las de fertilizantes. Las sanciones contra Rusia han elevado aún más los precios de la energía, encareciendo aún más los fertilizantes.
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Las consecuencias globales de una guerra prolongada podrían ser nefastas. Los elevados costos de los insumos podrían disuadir a muchos pequeños agricultores de plantar más, impidiendo que la oferta satisfaga la demanda y aumentando la volatilidad. Con el fortalecimiento del dólar, muchos países tendrán dificultades para pagar las importaciones clave de alimentos y combustible.
Los aumentos de precios y la escasez podrían provocar disturbios, como ocurrió durante la Primavera Árabe del 2011, y llevar a millones de personas a la pobreza extrema.
Los Gobiernos están agravando el problema con el proteccionismo. Desde la invasión de Ucrania, al menos 20 países han impuesto restricciones a las exportaciones de alimentos, que abarcan alrededor del 17% de las calorías comercializadas en todo el mundo, incluida la decisión de Indonesia de bloquear los cruciales envíos de aceite de palma.
Estas restricciones corren el riesgo de desencadenar un efecto cascada y hacer subir los precios para todos: se calcula que representaron el 13% del alza mundial de los precios de los alimentos durante la crisis alimentaria del 2008-11.
La presión sobre el suministro mundial de alimentos requiere una respuesta coordinada. Los ministros de Relaciones Exteriores que se reunirán en las Naciones Unidas la próxima semana para debatir sobre la seguridad alimentaria deberían comprometerse a no agregar nuevas restricciones comerciales y a levantar lo antes posible las que se han impuesto.
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En la reunión ministerial de junio de la Organización Mundial del Comercio, los países deberían buscar un acuerdo más vinculante, como mínimo no bloquear los envíos de alimentos necesarios para fines humanitarios. También deberían compartir cualquier información que tengan sobre las existencias y la logística de los envíos, para que los mercados no entren en pánico innecesariamente.
Los países también deberían eliminar las políticas que retiran los alimentos del mercado en tiempos de necesidad. Estados Unidos, en particular, debería considerar la posibilidad de suspender temporalmente los mandatos para el biodiésel, que absorbe más del 40% del aceite de soja del país.
El Congreso también debería suspender la exigencia de que la mitad de la ayuda alimentaria de Estados Unidos se envíe en transportistas estadounidenses. Sería más barato y eficaz financiar los esfuerzos del PMA para la compra de suministros más cerca de donde se necesitan.
Aunque los países occidentales se centran, con razón, en ayudar a Ucrania a defenderse, también tendrán que aumentar la ayuda al mundo en desarrollo. Los países pobres, que ya están al límite de su capacidad fiscal para hacer frente a la pandemia, necesitan ayuda para subvencionar los fertilizantes, fortalecer las redes de seguridad y reforzar sus situaciones macroeconómicas.
Además de la ayuda directa, el G20 puede hacer un seguimiento a las promesas de reasignar US$ 100,000 millones en los llamados derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional a las naciones vulnerables, y facilitarles la búsqueda de alivio de la deuda.
Por último, los Gobiernos deben dejar que los mercados funcionen. Las primeras señales sugieren que los agricultores estadounidenses y europeos están respondiendo al alza de los precios plantando más. La mejor manera de que los funcionarios fomenten estas decisiones es quitarse de en medio. En una crisis tan compleja, el primer principio debería ser no hacer daño.