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En su impulso para combatir el cambio climático, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se comprometió a tomar medidas para proteger la selva amazónica. Eso significa hacer que el Gobierno populista de Brasil coopere. Una combinación de incentivos y diplomacia creativa ofrece las mejores posibilidades de éxito.
Durante el último medio siglo, el desarrollo en la cuenca del Amazonas, una región que abarca ocho países, ha reducido la selva tropical en un 17%. En Brasil, que representa más de la mitad de la cuenca, la deforestación causada por la tala, la minería, la ganadería y la agricultura ha aumentado en 47% desde la elección del presidente Jair Bolsonaro en el 2018.
La tala del año pasado fue la mayor en una década. Los científicos temen que el ecosistema se esté acercando a un punto de inflexión y que ya no podrá volver a recuperarse. Un mayor desgaste del sumidero de carbono más grande del mundo pondría en peligro los objetivos sobre el calentamiento global del Acuerdo de París.
Bolsonaro ha recortado los fondos para las agencias que publican datos sobre la deforestación y hacen cumplir las reglas de gestión de la tierra. Ha criticado a los líderes extranjeros por quejarse del desarrollo ilegal, convirtiendo la soberanía sobre la selva tropical en un grito de guerra para su base nacionalista.
En una reunión con líderes latinoamericanos el año pasado, Bolsonaro dijo que no ha habido “ni un poco de deforestación” y calificó los informes sobre el saqueo de la Amazonía como “una mentira”.
Como aliado cercano de Donald Trump, Bolsonaro encontró poco rechazo por parte de EE.UU. Durante la campaña electoral del año pasado, Biden prometió acción: dijo que presionaría por US$ 20,000 millones en asistencia de los Gobiernos de la región para detener la deforestación y prometió “consecuencias económicas significativas” si se negaban.
El reconocimiento de la importancia global de la Amazonía existe desde hace mucho tiempo, pero la amenaza de sanciones no es la mejor manera de cambiar el comportamiento de Brasil. EE.UU. debería ofrecer incentivos que ayuden a Bolsonaro a vender la conservación a sus partidarios.
Dada la afinidad de Bolsonaro por las fuerzas armadas, EE.UU. podría considerar extender asistencia técnica limitada al ejército de Brasil para apoyar algunas de sus acciones contra la deforestación ilegal.
El respaldo activo de EE.UU. a la membresía brasileña en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, una prioridad para las élites empresariales preocupadas por el manejo de la economía por parte de Bolsonaro, debería estar vinculado en parte a mejoras ambientales.
Al mismo tiempo, EE.UU. puede demostrar que está dispuesto a rodearlo si es necesario. Los diplomáticos estadounidenses deben profundizar los lazos con los gobernadores y alcaldes brasileños y brindar ayuda directa a los municipios que demuestren avances en la protección forestal.
El apoyo a iniciativas locales centradas en el medio ambiente, como MapBiomas, que utiliza datos satelitales para mapear áreas deforestadas, ayudaría a promover la conciencia pública sobre la escala de la crisis.
Trabajando con otros Gobiernos e instituciones financieras, EE.UU. debería ayudar a Brasil y a otros países de la región a beneficiarse de la conservación, por ejemplo, creando un sistema global más eficiente para intercambiar créditos de carbono. Y debería involucrar a los líderes de los agronegocios de Brasil, que son los que más perderán si la intransigencia de Bolsonaro provoca una reacción negativa de los inversionistas o la pérdida de acceso a los mercados internacionales.
Proteger las selvas tropicales del mundo de daños irreversibles es fundamental para la salud del planeta y la lucha contra el cambio climático. Biden tiene razón al convertirlo en una prioridad. El éxito significa persuadir a los líderes de Brasil de que también a ellos les conviene.