Unesco quiere que las vacunas antiCOVID sean un bien público mundial

La Unesco pidió este miércoles que las vacunas para el COVID se consideren un bien público mundial como forma para que no queden reservadas a los países ricos y puedan llegar también en particular a las personas más vulnerables del mundo en desarrollo.

La directora general de la Unesco, Audrey Azoulay, recordó en un comunicado que hay más de 130 países en el mundo que no han recibido ni una sola dosis de vacuna, de forma que allí “los más vulnerables no están protegidos”.

Azoulay recordó que las campañas de vacunación han sido acogidas “con un suspiro de alivio general” pero eso no puede hacerse “sin solidaridad”.

El Comité Internacional de Bioética de la Unesco y su Comisión Mundial de Ética de Conocimientos y Tecnológicos piden un cambio en las actuales estrategias con las vacunas para que, al ser bienes públicos mundiales, se pongan a disposición de todos los países de forma equitativa y no se reserven solo a los que más pagan.

En su declaración, hecha pública en un acto en línea en la que participó el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus y el profesor Jeffrey Sachs de la Universidad de Columbia, estos dos organismos recuerdan que ciertos países ricos han encargado vacunas que podrían proteger dos, tres o hasta cinco veces a sus poblaciones.

Por el contrario -añaden- a muchos países en desarrollo no llegarán este año si las cosas no cambian y, aunque ha habido una serie de compromisos recientes de los miembros del G7 que son “alentadores”, tardan en concretarse.

El director general de la OMS hizo hincapié en que “no erradicaremos la pandemia en ningún sitio si no la erradicamos de todas partes”.

Tedros explicó que “la equidad en materia de vacunas no es solo una acción justa, sino la mejor forma de controlar la epidemia, de restablecer la confianza y de relanzar la economía mundial”.

Para estos dos organismos de ética, la industria farmacéutica que ha conseguido obtener vacunas con apoyo de los poderes públicos tiene la “responsabilidad” de compartir la propiedad intelectual para que laboratorios en todos los países puedan suministrar un acceso “universal”.

También se pronuncian en contra de la obligatoriedad de las vacunas y señalan que negarse a recibirlas no debe suponer una limitación de los derechos fundamentales de los individuos, en particular los derechos sanitarios o al empleo.