Banderas de la Unión Europea ondean fuera de la sede de la Comisión Europea en Bruselas, Bélgica, 21 de agosto de 2020. (REUTERS/Yves Herman).
Banderas de la Unión Europea ondean fuera de la sede de la Comisión Europea en Bruselas, Bélgica, 21 de agosto de 2020. (REUTERS/Yves Herman).

La Comisión Europea no se cierra a negociar una eventual retirada de las patentes de vacunas, como apoyan Estados Unidos, la India o Sudáfrica, pero desde Bruselas se ve más útil, a corto plazo, una transferencia voluntaria de tecnología con acuerdos entre distintas farmacéuticas para incrementar la producción.

En Bruselas se considera que para incrementar la capacidad de producción, que se entiende es el actual problema para aportar a todo el planeta vacunas contra el COVID-19, se necesita más que la información contenida en las patentes y el derecho a utilizarla.

Los productos biológicos como las vacunas son de mucha más complejidad que los químicos, por ejemplo, y para producir una dosis de protección contra el COVID-19 con tecnología ARNm se necesitan 280 componentes que provienen de 19 países.

Actualmente se debate a nivel técnico si la propiedad intelectual es un problema y, de serlo, en la Comisión se considera que el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (TRIPS, en inglés) ya ofrece soluciones.

Una posible salida al problema serían ciertos tipos de autorizaciones para la producción doméstica de vacunas con patentes en un caso concreto, como pudiera ser el de la India.

También se podría privilegiar la vía de que un país obtenga autorización para producir vacunas para otro Estado, si este no tuviera capacidad de producción propia.

En el Ejecutivo comunitario se considera que las transferencias voluntarias funcionan mejor, y existen ejemplos en esta pandemia como los acuerdos de producción entre las farmacéuticas Sanofi y Pfizer o entre Novartis y Johnson & Johnson, entre otros.

En todo caso, y a falta de que se conozcan los detalles de la propuesta de la Administración estadounidense de Joe Biden, en la Comisión Europea temen que enmendar el acuerdo TRIPS pueda no ser un tema de meses, sino de años, y no se ve oportuno iniciar una gran discusión internacional que no resolvería problemas a corto plazo.

Si eventualmente se avanzara por esa vía, de cara a una negociación formal, la Comisión Europea -con competencias de comercio en la Unión Europea (UE)- necesitaría un mandato de los Estados miembros por mayoría cualificada, es decir el voto favorable del 55% de los Estados miembros, (15 de 27 países) y que esos representen al menos al 65% de la población de la UE.

Hasta ahora, ningún Estado miembro de la UE de los que se han pronunciado sobre el anuncio de Estados Unidos se ha cerrado en banda a debatir la propuesta. Pero países como Alemania, Francia, España o Bélgica han subrayado que la prioridad inmediata es aumentar la producción.