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El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, sabe una que otra cosa sobre política indígena. Antes de ascender al cargo superior en el 2017, ocupó dos mandatos como vicepresidente de Rafael Correa, el caudillo disruptivo que aprovechó las frustraciones de las comunidades indígenas excluidas para alimentar su “Revolución Ciudadana” antes de que se volvieran contra él. Antes de eso, Moreno vio caer a otros dos presidentes, en 1997 y 2000, después de que se enfrentaron con la poderosa Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador.
Ahora Moreno es el blanco de la ira nativa. Es un misterio entender cómo el líder, generalmente astuto, no logró prever la conflagración causada por su anuncio del 1 de octubre donde listaba recortes a los subsidios al combustible y otras medidas de austeridad. También lo son sus planes de escapatoria.
Después de 11 días de marchas, vandalismo, saqueos y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, multitudes lideradas por indígenas ahuyentaron a Moreno desde la capital, Quito, hasta la ciudad costera de Guayaquil y de regreso. Después de apelar por un diálogo nacional, Moreno anunció el domingo una tregua y prometió eliminar el ofensivo decreto a favor de otra medida negociada. Los líderes indígenas a su vez acordaron suspender su huelga general, pero la tensión es latente.
Moreno tenía razón al ordenar el desmantelamiento de los subsidios al combustible. La economía de Ecuador se desacelera, el desempleo aumenta y la confianza del consumidor es baja. Financiar combustible barato le cuesta a Ecuador US$ 1,400 millones al año, distorsiona los precios en toda la economía, fomenta el desperdicio y ayuda a las personas equivocadas.
Un cerro de documentos de política del tamaño de los Andes muestra que el embargo de impuestos para mantener el combustible barato puede complacer a la gente, pero hacerlo desproporcionadamente beneficia a las clases más ricas. El Fondo Monetario Internacional halló en un estudio de varios países en desarrollo que solo 7% de los beneficios de los subsidios a los combustibles fósiles llegaban al 20% más pobre.
No obstante, el populismo energético es un clásico juego de manos por parte de demagogos y autoritarios latinoamericanos: los subsidios al combustible de Ecuador se remontan a los días del gobierno militar. Aunque las personas de bajos ingresos pueden obtener beneficios relativamente insignificantes, ven el combustible barato como una modesta compensación por su desgracia. Eso hace que eliminar los subsidios sea políticamente peligroso.
Es aún peor si los líderes nacionales lo hacen a instancias de entidades extranjeras como el FMI, con quien el gobierno de Moreno firmó un Acuerdo de Fondo Extendido de US$ 4,200 millones a principios de este año. El fondo, por lo general, prescribía amplias medidas de austeridad, incluida una reforma tributaria y cambios en el rígido código laboral, que desalienta la contratación, además de una revisión del sistema de pensiones de donde surge una hemorragia monetaria.
Corregir estas distorsiones contribuiría en gran medida a restaurar la salud fiscal de Ecuador después de años de despilfarro. Impulsado por la subida de los precios del petróleo, Correa prodigaba dinero en obras públicas y nóminas, elevando la deuda pública de aproximadamente 29% del producto interno bruto en el 2006 a más de 40% en el 2017. Además, socavó las cuentas del gobierno al cargar la deuda externa con préstamos respaldados con petróleo, confiando en China, ya que los prestamistas occidentales desconfiaban del legado de impagos de Ecuador y mantuvieron su distancia. Moreno heredó esas deudas justo cuando los precios del petróleo cayeron, luego agregó algunas deudas propias.
Sin embargo, el repentino fin de las ventajas de combustible desencadenó una insurrección. No se habría adivinado por las maravillas de Washington. En su informe de julio, el FMI argumentó que eliminar los subsidios tendría “un impacto relativamente pequeño” en los pobres y que los ahorros (0.5% del producto interno bruto este año) “crearían un espacio adicional para la compensación”. Moreno aparentemente contaba con tal compensación, y ofreció un beneficio familiar mensual de US$ 15 y un plan de vivienda gubernamental para los 5 millones de ecuatorianos más pobres.
Monica de Bolle, del Instituto Peterson de Economía Internacional, dice que la prioridad de la política quedó exactamente al revés. “Si se va a eliminar los subsidios de energía, primero se deben crear compensaciones. Luego se retira el subsidio”, me dijo. “De lo contrario, impondrá una carga inmediata a los que obtienen los ingresos más bajos, porque los precios del combustible son inelásticos y los precios subirán según el monto del subsidio”. Los precios de la gasolina en Ecuador subieron 25% la semana pasada, mientras que el diésel más que duplicó.
Un estudio reciente del Banco Interamericano de Desarrollo había señalado el peligro, indicando que muchos países han intentado y no han logrado eliminar los subsidios al combustible. La razón es: "incluso si son económicamente ineficientes, los subsidios son un medio visible y efectivo para transferir algunos ingresos a los hogares pobres y vulnerables".
Y, sin embargo, la dura medida anunciada por decreto fue un clásico de Moreno, un político principalmente moderado, que se dio a la centralización de la toma de decisiones y luego arrojó hechos consumados a un público cauteloso. Recordemos que en abril, Moreno ordenó abruptamente al empresario de Wikileaks, Julian Assange, que abandonara la embajada de Londres donde se había refugiado siete años antes. Esa también fue la decisión correcta: Assange se había convertido en el invitado del infierno. Pero la medida convirtió a la nación andina en el blanco de desagradables protestas callejeras y todavía irrita a algunos grupos de ciudadanos.
Del mismo modo, el decreto que puso fin a los subsidios al combustible se produjo "de repente, sin discusión pública y poca preparación aparente", señaló Andrés Mejía Acosta, politólogo y estudioso de política latinoamericana en Kings College de Londres. "Moreno tiene una habilidad especial para aferrarse a las ideas y luego soltar una bomba".
La tempestuosidad de Moreno sin duda deleitó a sus oponentes. Tal vez nadie más que Correa, a quien Moreno acusó de expresar descontento para obligarlo a renunciar o convocar elecciones anticipadas. Aunque Correa no es elegible para postularse nuevamente a la presidencia, ofreció alegremente sus servicios para cualquier otro cargo.
Sin embargo, la influencia de Correa es limitada. Salió de Ecuador hacia Bélgica bajo una nube legal y desde entonces ha visto cómo la policía acosa a exasistentes y asociados o, como su exvicepresidente ha sido encarcelado por corrupción. Incluso si Correa vuelve a la política, su legado abrasador enajenó a los aliados y dejó una oposición fracturada.
A pesar de su falta de diplomacia, Moreno trabaja para solucionar problemas que no creó. Su derrochador predecesor quemó la generosidad del auge de productos básicos y lo llamó una revolución. Moreno se quedó atascado con el cheque y el enigma de cómo romper las promesas que nadie podía cumplir. Restaurar los subsidios que Ecuador no puede permitirse no resolverá el problema. Los ecuatorianos enojados deben decidir si se merece la oportunidad de terminar el trabajo o, como a los tres presidentes en las últimas tres décadas, si se le debe mostrar la puerta.