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El nuevo Gobierno de Argentina publicó este lunes en el Boletín Oficial la ley de “emergencia” aprobada el sábado por el Parlamento, con lo que la norma ha entrado en vigencia, entre promesas del presidente Alberto Fernández de “ordenar” la economía.
“Ahora mi preocupación es tratar de ordenar y tranquilizar la economía”, afirmó el mandatario en breves declaraciones a periodistas en la sede del Ejecutivo.
Fernández, que asumió la Presidencia argentina el pasado día 10 en un duro contexto de recesión económica iniciada en abril de 2018, aseguró que su “prioridad” es “la gente que la está pasando muy mal” por la situación económica, marcada por altos índices de inflación y tasas de pobreza en aumento.
Tras haber asumido al frente del Ejecutivo, Fernández remitió la semana pasada al Parlamento el proyecto de la denominada “ley de solidaridad y reactivación productiva”, que fue tratado y aprobado en forma rápida por ambas cámaras del Congreso.
La nueva ley declara la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, de la previsión social, tarifaria, energética, sanitaria y social, y delega al Ejecutivo facultades especiales hasta el 31 de diciembre de 2020.
Aunque la norma es muy amplia, hay puntos salientes, como los referidos a los tributos, un asunto clave para resolver los desequilibrios fiscales del país, y a la deuda pública, otro de los problemas que Argentina debe abordar en lo inmediato.
La ley crea un impuesto denominado “país” (impuesto para una Argentina inclusiva y solidaria) que grava con una tasa del 30 % la adquisición de divisas extranjeras para atesoramiento, la compra de pasajes y paquetes turísticos para viajar al exterior y los gastos que allí se hagan con tarjetas de crédito.
Además, habilita al Ejecutivo a aumentar otros impuestos y las denominadas retenciones -derechos a la exportaciones-, que se podrán incrementar hasta el 33% para la soja, el principal cultivo de Argentina.
En cuanto a la deuda pública, que Argentina pretende renegociar con sus acreedores, la ley autoriza al Gobierno a emitir letras a diez años, por un total de US$ 4,571 millones, y a adquirir con esos títulos dólares provenientes de las reservas del Banco Central con el fin de destinarlos al pago de deuda.
Entre otros aspectos, la norma congela por 180 días las tarifas de electricidad y gas natural con vistas a una renegociación integral tarifaria y permite al Ejecutivo establecer aumentos salariales obligatorios para el sector privado.