Una reforma cuestionada pero con aspectos positivos

Oscar González EstradaEDITOR GENERALdiario gestiónHace seis semanas, en esta misma columna, criticamos el apresuramiento del oficialismo para aprobar la Ley de la reforma del Sistema Privado de Pensiones (SPP), porque no costaba nada dar más tiempo al debate y absolver las críticas que se hacían a algunos aspectos de la misma. También destacamos la voluntad del Gobierno y el ministro Luis Castilla de llevar a cabo esta reforma necesaria, luego que muchos de sus antecesores la prometieron pero no cumplieron. La ley ya está promulgada y lo que queda es analizar sus ventajas y desventajas.

Los principales cuestionamientos que hace la Asociación de AFP y algunos expertos se refieren al cobro de comisiones sobre el saldo de los fondos del afiliado, la afiliación obligatoria para los nuevos aportantes mediante una licitación y la incorporación de la Sunat como alternativa para la cobranza de los aportes del afiliado.

Para el MEF, el establecer la transición hacia la comisión por saldo permitirá el alineamiento de incentivos entre las AFP y los afiliados, debido a que los ingresos de las administradoras serán proporcionales al desempeño del fondo. Así, las AFP deberán hacer crecer el fondo, lo que al final beneficiará a las pensiones. Sin embargo, el BCR cree que, si bien el esquema puede ser atractivo, su transición sería compleja y difícil de entender por la población, lo que hace que no sea transparente para propiciar más competencia.

Sobre la licitación de los nuevos afiliados, los defensores de la reforma dicen que fomentará la competencia a través de la reducción de las barreras de entrada, lo que genera la rebaja en las comisiones, ya que las AFP podrán ofrecer una menor comisión a cambio de administrar un determinado nivel de afiliados. Este esquema presionaría a la baja los gastos de ventas que las AFP realizan para incentivar los traslados.

En cuanto a la posibilidad de centralizar, en una entidad pública o privada, la recaudación de los aportes y las acciones legales del cobro de los impagos de las empresas, podría reducir los costos de las AFP.

La ley también establece aspectos positivos que buscan mejorar la transparencia de la información, el buen gobierno corporativo, la creación de un fondo cero, la elaboración de un ranking de rentabilidad entre las AFP, y la ampliación de las alternativas de inversión, entre otros. Seguro que los cuestionamientos seguirán y habrá necesidad de hacer algunos ajustes, pero era necesario hacer cambios porque después de casi 19 años de funcionamiento del SPP ha habido pocos avances en una mayor cobertura y eficiencia del sistema. Ojalá la reglamentación de la ley no demore y se logren los resultados esperados.