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E l combate a los cárteles de precios u otras condiciones comerciales no es una tarea sencilla para el Indecopi ni para cualquier otra agencia de competencia en el mundo. Las empresas que realizan este tipo de conductas, como es obvio, no dejan pruebas, las ocultan y cada vez con mayor sofisticación.
Paralelamente, la sociedad civil exige con justo derecho que el Indecopi elimine los cárteles de la economía, pues en muchas ocasiones son los responsables de los altos precios que se pagan en los mercados.
Pese a las dificultades señaladas, el Indecopi está firmemente decidido a combatir y sancionar los cárteles. En los últimos años, se ha podido demostrar la existencia de graves conductas anticompetitivas en mercados esenciales como el del oxígeno medicinal, seguros vehiculares, cementos, servicios profesionales, transporte, entre otros. Sin embargo, se quiere intensificar la lucha contra los cárteles, ya que estos son cada vez más sofisticados. Por ello, la semana pasada se publicó el Anteproyecto de modificación de la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas, cuyo principal objetivo es dotar a la institución de las herramientas que le permitan combatirlos de manera más efectiva. Las visitas de inspección sin previo aviso y el Programa de Clemencia han demostrado a nivel comparado ser las herramientas más poderosas para la detección de los cárteles, de ahí que no sea casual que la reforma propuesta aborde estas materias. Es conocido que, actualmente, las decisiones empresariales, legales o no, suelen estar plasmadas en correos electrónicos. Efectivamente, la experiencia del Indecopi y de otras agencias de competencia ha demostrado que las pruebas directas de la existencia de cárteles pueden encontrarse en este tipo de documentos. Por ello, el acceso inmediato a estas comunicaciones puede ser crucial en el marco de las investigaciones por conductas anticompetitivas. Estas facultades no son nuevas y, además, forman parte del conjunto de atribuciones conferidas a otras agencias de competencia de la región (Colombia o México).Tales facultades se ajustan a los términos de la Constitución y no vulneran el derecho al secreto de las comunicaciones, que también reconoce las facultades de inspección o fiscalización de la autoridad en aras de la protección de otros bienes que, como la defensa de la libre competencia, se encuentran constitucionalmente protegidos.
De otro lado, la propuesta busca generar los incentivos para que las empresas o personas que forman parte de un cártel revelen su existencia, a cambio de ser exoneradas de la sanción que les correspondería.La mayor actividad fiscalizadora ha generado un aumento sustancial del número de solicitudes de clemencia en los últimos meses. Sin embargo, es posible identificar mejoras en la actual regulación, en línea con las mejores prácticas internacionales, que permitan incrementar aún más el número de solicitudes.
Con las reformas propuestas, que son fruto de la experiencia de los últimos años y de las mejores prácticas a nivel comparado, se busca intensificar la lucha contra los cárteles en resguardo de los intereses de los consumidores y en cumplimiento del mandato constitucional de velar por la libre competencia. El anteproyecto es una respuesta a la exigencia ciudadana y debe ser apoyado para lograr una mejor competencia.