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El Consejo de Usuarios del Sistema de Distribución Física Internacional de Mercancías (Conudfi), que agrupa a ADEX, CCL, la SNP, entre otros gremios empresariales, expresó su oposición al proyecto de ley que presentó semanas atrás el Ejecutivo por el que plantea extender los plazos de concesión de los puertos de uso público, de su tope actual de 30 años, hasta 60 años.

La iniciativa del Ejecutivo argumenta que un mayor plazo de la concesión permite al Estado comprometer a la empresa concesionaria por mayores inversiones, más eficiencias por economías de escala y, al final, tarifas más competitivas (Gestión 28.11.2017).

Sin embargo, en misiva dirigida a la Comisión de Transportes del Congreso, que debe evaluar la iniciativa del Ejecutivo, John Hartley, presidente de Conudfi, señala que rechazan el proyecto que plantea modificar la Ley del Sistema Portuario Nacional para extender el referido plazo.

¿Mejores tarifas?
Considera que los plazos de gran extensión para las concesiones no necesariamente generan más estabilidad y una mejor tarifa al usuario, ya que ello dependerá de las condiciones que aseguren mejoras de los servicios y los mayores compromisos de inversión en infraestructura.

Añade que en el contexto actual, repleto de rápidos avances tecnológicos, no sería posible vislumbrar cuál será nuestra realidad portuaria en 60 años.

Observa además que un periodo de concesión tan largo sería contraproducente, puesto que no se podrían anticipar los requerimientos, cumplimientos, calidad de servicios o las inversiones a efectuarse en tan prolongado periodo.

Proyecciones
A lo anterior, añadió, se debe sumar que ya en las concesiones actuales de puertos y aeropuertos han fallado las proyecciones de demanda, necesidad de servicios, escenarios posibles, lo que ha obligado a recurrir a adendas, las que, pese a estar previstas para atender aspectos coyunturales, terminan involucrando temas estructurales por la falta de un análisis integral en el modelo.

Por estas razones, Conudfi planteó, más bien, cambiar la referida ley, pero para mejorar las condiciones y mecanismos de exigencia a los concesionarios para que cumplan con niveles óptimos de servicios y productividad, y que se establezca en cada caso un nuevo cronograma de compromisos de inversión.

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