(Foto de archivo: Difusión)
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Tras la inhabilitación de la OSC contra la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL) para contratar con el Estado por un periodo de 3 años, debido a la supuesta presentación de documentos falsos, la casa de estudios brinda su respuesta.

La USIL sostiene que, en ese momento y como parte de la documentación requerida para la contratación del “Servicio de capacitación en líneas de servicios y transversales” por la Sunat, se debía presentar información relacionada con la experiencia profesional de los docentes a brindar el servicio.

Así, afirman que “en dicho contexto y sin conocimiento de la universidad, un extrabajador habría presentado un documento presuntamente indebido”.

Cabe indicar que este caso la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado estableció que para adjudicarse un servicio de capacitación en el 2016, uno de los docentes a cargo, identificado como Manuel Fabian Oyarse Póstigo, declaró como experiencia previa haber realizado en el 2014 talleres en la Universidad del Pacífico (UP), lo cual fue desmentido porque la relación laboral con la UP culminó en el 2010.

Ante esta sanción la USIL considera la decisión como injusta, ya que han presentado una demanda ante la Corte Superior de Justicia de Lima la misma que ha sido admitida.

“Consideramos que nuestra Institución actúo siempre de buena fe y sin intención dolosa alguna. Por el contrario, hemos resultado siendo parte afectada en esta situación”, sostienen.

De esta manera, confían que esta resolución será revocada en el Poder Judicial.

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