Urge una planificación energética que no sólo se base en la industria extractiva

"El Estado no tiene una planificación energética para satisfacer la demanda de todos los peruanos, pues decidió promover la construcción de hidroeléctricas en la Amazonía sólo para cubrir las necesidades de la industria extractiva y tras paralizarse estos proyectos, nunca pensó en satisfacer la demanda energética de miles de peruanos en el sur Andino", advirtió César Gamboa de la ONG Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR).

"Hay que tener en cuenta de cuántos peruanos no tienen acceso a energía eléctrica y, literalmente, se mueren de frío. Actualmente se crean proyectos energéticos para satisfacer la demanda de energía sólo de las grandes empresas y no para mejorar la calidad de vida de los peruanos", agregó.

Proyectos paralizadosRecordó que durante el gobierno aprista se dio en concesión grandes hectáreas de la Amazonía para la construcción de cinco hidroeléctricas, y se promovió la suscripción del Acuerdo Energético Perú–Brasil. Sin embargo, los cinco proyectos quedaron paralizados, debido a que el territorio concesionado se superponía a áreas protegidas, a territorios de comunidades nativas y a los derechos de población local.

El caso emblemático es el proyecto Inambari: alrededor de 37 mil hectáreas de bosque serían deforestados para construir la represa y hay estudios que indican que 8 mil personas serían desplazadas por el represamiento. Igualmente, el proyecto Mainique 1 (607 MW) en Cusco representaba un costo al estar ubicado en la zona de amortiguamiento del Santuario Nacional Megantoni.

En el caso del proyecto Pakitzapango, éste se superponía a 10 comunidades, además de asentamientos de colonos diversos y bases militares en la Cuenca del Ene, distritos de Pangoa, Río Tambo y Mazamari, en Junín.

Otros casos son los proyectos Tambo 60 y Tambo 40, que se superponían a las tierras de las comunidades asháninkas.

"El Perú no planifica su desarrollo. Si lo hace, la planificación no está vinculada con la toma de decisiones políticas. Nadie está en contra con la construcción de una hidroeléctrica o la exploración de gas en la Amazonía pero se debe evaluar la pertinencia de la decisión ambiental y socialmente", sentenció Gamboa.

"Ante crecimiento y el boom de las inversiones de la industria extractiva en el país hay dos salidas: imponer los proyectos y asumir el costo socioambiental o planificar y racionalizar el grado de crecimiento. Quizá no crezcamos mucho, pero nos va permitir mejorar la gobernabilidad democrática y un grado de crecimiento estable en las próximos décadas", argumentó.