Unas 39 empresas de transporte deciden no acogerse al subsidio: ¿Cuáles son los riesgos?

La consigna de este subsidio es que, dentro de los buses, combis y cousters se cumpla el protocolo de distanciamiento social y se limite la capacidad de pasajeros de cada unidad, de tal manera que se eviten aglomeraciones y contagios de COVID-19.

Si bien se emitió el decreto de urgencia que establece la política de subsidios y su respectivo reglamento, el subsidio aún no empieza a otorgarse. El mismo reglamento establece que se debe realizar un periodo de pruebas para conectar los dispositivos GPS a la plataforma de ATU.

Sin embargo, Héctor Vargas, vocero de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano de Lima y Callao, que agrupa a 350 empresas del sector, sostiene que esta implementación aún avanza lento. Si bien hay disposición, Vargas reconoce que el uso de la tecnología supone un rato para el cual no estaba preparado ni la autoridad ni los transportistas.

“Ni la autoridad ni nosotros hemos estado preparados, pero sí ha habido bastante conversación con la autoridad para solucionar esto. Hay que reconocer que ha habido bastante voluntad por parte de ATU. La prueba para el control de kilometraje iba a ser hoy y eso se debe coordinar con la parte técnica de cada una de las empresas. Una vez que se valide el periodo de prueba, debe salir una resolución dando inicio a este proceso dentro de los 5 días siguientes. Entonces se empieza a contabilizar los kilómetros y finalizado la semana se hace el arqueo para el pago correspondiente”, explicó Vargas.

Sin embargo, Vargas comenta que hay un grupo de empresas de transportes, que no están en su gremio, que han decidido no acogerse al subsidio otorgado por el Estado. En total son 39 empresas que trabajan bajo el sistema de afiliación de unidades las que habrían considerado que no les resulta conveniente cumplir con los requisitos impuestos por la autoridad para acceder al subsidio.

“Hay un grupo de empresas que no se están acogiendo al beneficio. Es un grupo de 39 empresas Esto es porque están viendo el costo beneficio y han preferido no participar. Ellos dicen: si voy a asumir GPS, administración de la flota y el mayor monto del beneficio no le llega a la empresa, sino al propietario del vehículo; pues no conviene. Estos son las empresas afiliadoras. Esto se debe solucionar con una conversación entre empresa y propietarios. Lo que sucede es que hay algunos que creen que necesario mantenerse como operan normalmente y no quieren cambiar el sistema de transportes en el que la empresa maneje la flota, las frecuencias y el buen desempeño del vehículo”, explica Vargas.

¿Qué sucede con quienes no adoptan el subsidio? Vargas señala que, si bien la Autoridad ha señalado que los protocolos de distanciamiento social dentro de los buses son obligatorios, aun así una empresa decida no acogerse al subsidio, bien podría haber una falta de compromiso en este sector que prefiere mantener al margen de la iniciativa estatal. Además, otro factor es que los precios de estas empresas tampoco podrían mantenerse estables, pues tendrían que incrementarse para que la operación sea sostenible.

“Ellos creen que no pueden cumplir el protocolo, pero no es así porque la autoridad también puede sancionarlos. En ese caso es necesaria la fiscalización. En cuanto al precio, en el fondo cualquiera puede aumentar precios porque este subsidio no alcanza para cubrir costos operativos y eso no impide que las empresas puedan actualizar sus precios. Sin embargo, nadie les va a pagar S/ 7 soles por un pasaje”, señala Vargas.

De igual forma, el vocero del sector transportista mencionó que hay un grupo de 32 empresas que aún están pendientes de actualizar documentación para poder acceder al subsidio. Vargas manifestó que su información declarada no coincide con la información que consta en los archivos de ATU, por lo tanto tendrán un periodo excepcional para esclarecer estos temas y acceder al subsidio.