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La Comisión Europea (CE) propuso crear en 2023 una agencia comunitaria para mejorar la lucha contra el blanqueo de capitales, una práctica contra la que reconoció que hasta ahora no se ha ido “suficientemente lejos” y que representa un 1% del Producto Bruto Interno (PBI) de la Unión Europea (UE), según las estimaciones de los expertos.
Además, por primera vez se comprometió a vigilar las transacciones con criptoactivos, cada vez más utilizados por los delincuentes para financiar todo tipo de actividades ilícitas, desde el terrorismo al tráfico de drogas o la prostitución y que hoy en día escapan del control europeo.
“No hemos ido suficientemente lejos en algunas áreas”, dijo el vicepresidente del Ejecutivo Comunitario y responsable del área económica, Valdis Dombrovskis, y un grupo reducido de medios, para presentar la propuesta.
“Necesitamos afrontar este problema, porque es verdad que los escándalos de blanqueo de capitales ensucian la reputación de la UE como un lugar para hacer negocios y erosionan la confianza en los bancos y en las autoridades y las instituciones financieras”, continuó.
Mismas normas
El control contra el dinero negro que llevan actualmente a cabo las autoridades nacionales no ha evitado escándalos recientes de blanqueo de capitales en Países Bajos, Estonia o Letonia.
Por eso, con un personal de 250 personas, la nueva Autoridad contra el Blanqueo de Capitales (AMLA, por sus siglas en inglés) coordinará la labor de las agencias nacionales, al fijar unas mismas normas de actuación en toda la Unión Europea.
Bruselas pretende acabar así con las lagunas que existen hoy en día en la persecución del lavado de dinero por las diferentes interpretaciones que los Veintisiete hacen de las normas actuales.
“Cuando hablamos de blanqueo de capitales sabemos que necesitamos una interpretación más uniforme”, dijo la comisaria de Mercados Financieros, Mairead McGuinness, quien aseguró que estas diferencias suponen “una de las grandes dificultades del momento” en la persecución del dinero negro.
La futura agencia vigilará directamente a una serie de instituciones financieras que operan en una “proporción significativa de Estados miembros” y que están catalogadas con el perfil de riesgo más alto en varios de esos países.
En el control a estas instituciones financieras se vigilarán las transacciones con criptoactivos, de las que se deberá conocer quién es el emisor y el beneficiario de los intercambios.
“Necesitamos abordar los criptoactivos. Se están utilizando cada vez más para el blanqueo de capitales y otros propósitos criminales”, defendió Dombrovskis.
Las nuevas normas prohíben también las compras en efectivo superiores a los 10,000 euros, un límite que la Ley española contra el Fraude rebaja hasta los 1,000 euros.
“Los Estados miembros que ahora ya tienen límites más estrictos podrán mantenerlos”, aseguró el vicepresidente de la Comisión.
Separada de la EBA
Las peticiones para tener un supervisor único contra el blanqueo de capitales se incrementaron en el 2019, tras los escándalos en Países Bajos, Estonia y Letonia.
Las opciones pasaban por otorgarle más competencias a la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) o, como ha acabado siendo, por crear una nueva agencia.
“Es más claro tener una agencia separada que trate contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo”, argumentó McGuinness.
En los últimos años la UE se ha dotado de numerosas normas para prevenir el blanqueo de capitales con dos directivas aprobadas en el 2015 y en el 2018, pero la mayoría de Estados no las ha introducido todavía en su legislación nacional pese a que ha expirado el plazo para ello.
La CE tiene abiertos expedientes por este motivo a varios países, incluida España.