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Tribunal del CIADI pide no agravar disputa entre Gramercy y el Estado peruano por bonos agrarios

Institución del Banco Mundial ordenó a las partes que se abstengan de cualquier conducta que pueda empeorar la disputa de US$ 1,800 millones que libran. Perú reclamó que Gramercy había exacerbado la situación al difundir información negativa sobre la nación en medios de comunicación.

La disputa entre Gramercy y Perú se refiere a los bonos emitidos bajo la dictadura militar en los años 1960 y 1970.

El tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) ordenó a Gramercy Funds Management LLC y a Perú que eviten agravar la disputa de US$ 1,800 millones que tienen sobre los bonos de la reforma agraria, informó el servicio legal de noticias Law360. La disputa se centra en que Gramercy invirtió en la compra de bonos desde 2006; sin embargo, según el Estado peruano ahora solo le corresponde el 2% del valor actual de los bonos, que es US$ 33.6 millones.

Ante ello, el 29 de agosto, el tribunal del Banco Mundial confirmó su orden provisional exigiendo a las partes que se abstengan de cualquier conducta que pueda empeorar la disputa que libran.  

“Como reconocen ambas partes, muchos tribunales de arbitraje de inversiones han reconocido este deber, según el cual las partes deben abstenerse de cualquier paso que pueda antagonizarlas, exacerbar sus diferencias, presionar indebidamente a una de ellas o hacer que la resolución de la disputa sea potencialmente más difícil”, indicó el tribunal.

También señaló que no puede proporcionar una lista de conductas específicas que podrían agravar la disputa, ya que lo que constituye una agravación puede variar ampliamente en función de las circunstancias. Sin embargo, alentó a las partes a comunicarse si no están seguros de si se trata de una acción permisible.

Disputa tras la Reforma Agraria
Law360 resume que la disputa se centra en los bonos de la reforma agraria que se entregaron en los años sesenta y setenta para “redistribuir tierras por un valor de US$ 42,400 millones” y que el gobierno luego prometió compensar a los terratenientes mediante el uso de bonos. Sin embargo, cuando la economía peruana comenzó a entrar en crisis en 1980, comenzaron a incumplir las deudas hasta cesar por completo en el pago a principios de 1990, afirma Gramercy.

El asunto central es que cuando la economía peruana comenzó a recuperarse, el gobierno reconoció que estaba obligado a devolver los bonos a su valor actual. Para esto, Fondos Gramercy ya había comenzado a invertir en ellos a fines de 2006, cuenta el portal. Tras una serie de esquemas de pago lanzados por el país, el valor que cobraría Gramercy por los bonos era mínimo. 

“Según un nuevo decreto adoptado en agosto del año pasado, Gramercy solo recibiría aproximadamente $ 33.6 millones, solo el dos por ciento del valor actual de los bonos, dijo Gramercy”, afirma Law360. No obstante, en un comunicado de la empresa, afirmaron que el monto que ahora reclaman ha aumentado de US$ 1,600 millones a US$ 1,800 millones.

El Estado peruano, por su parte, ha afirmado que "ante la incertidumbre que había en el pasado por conocer el valor de los bonos, el Tribunal Constitucional (TC) ordenó una metodología de valoración de los mismos y el gobierno aceptó seguir el proceso de valoración. Y eso es lo que estamos haciendo desde entonces", dijo la vicepresidenta Mercedes Aráoz. Además, también acusó a Gramercy de buscar una ganancia inesperada de 4,000% de rendimiento de los bonos. “En vez de seguir el proceso asignado por el TC, Gramercy renunció al proceso local y notificaron la controversia a través de convenios internacionales para su beneficio propio”, afirmó en 2017.

Victoria parcial para Perú

Finalmente, el tribunal se puso del lado de Perú con respecto a sus preocupaciones de agravamiento el 29 de agosto, diciendo que "el deber de no agravar la disputa es un principio que cualquier parte en un arbitraje de inversión debe observar en todo momento", informó Law360.

Además, Perú también obtuvo una victoria parcial sobre sus preocupaciones de comunicación, ya que afirmó que Gramercy ha exacerbado el conflicto con acciones como difundir información negativa sobre la nación en la prensa. El tribunal señaló que la correspondencia entre las partes no siempre ha sido fácil y acordó que cada una debe respetar las preferencias de la otra parte.

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