La escalada del paro de trabajadores de la agroindustria que inició en la región de Ica, con la toma de carreteras, y su expansión hacia otras regiones llevó a que en el Congreso se tome la decisión de derogar la Ley de Promoción Agraria (LPA), a la cual se le atribuye ser la causante de que los trabajadores no reciban los derechos laborales vigentes y se les pague por debajo del salario mínimo.
Elmer Cuba, economista socio de Macroconsult, afirma que lo único relevante que pasará con la derogatoria del capítulo laboral de la LPA, es que se perjudicará al trabajador en su liquidez mensual (o diaria); es decir, recibirá menos ingreso cada mes (o día). Es más, prevé que los salarios promedio seguirán con tendencia al alza en la agroindustria como en los últimos 10 años, dado el auge de esta actividad.
“La gran paradoja del Perú es que, por un grupo de empresas inescrupulosas, las Services, se van a tumbar una ley bajo la justificación de que ha conculcado los derechos de los trabajadores, cuando los derechos están ahí y, más aún, la ley de prórroga que dio Vizcarra iguala todos los derechos de esos trabajadores de la LPA con los de la ley general de trabajo”, subrayó.
-Liquidez-
Los contratos laborales que se dan hoy en la agroexportación son los que permite la ley laboral general. Y el capítulo laboral de la LPA permite, además, poner todos los conceptos en la remuneración diaria del trabajador, detalla Cuba.
La derogatoria de ese capítulo de la LPA, lo único que va a hacer es perjudicar al trabajador agroexportador porque va a disminuir su liquidez mensual, ya que ahora le pagarán el salario mínimo (todos los meses) y al final del período de su contrato, digamos seis meses (o periódicamente, según corresponda), le pagarán los beneficios acumulados correspondientes a ese período (CTS, gratificaciones, medio período de vacaciones, en este caso, etc.)
El impacto en el bolsillo del trabajador no será menor. El salario promedio es de S/ 1,400 al mes (datos de fines del 2019) y ahora recibirían el sueldo mínimo (S/ 930).
-Informalidad y rigidez-
El economista también afirma que la derogación de la LPA, no va a aumentar la informalidad laboral. Una empresa agroindustrial grande y formal no va a contratar informales porque no se va a exponer a las multas, señala.
La informalidad de la que se habla siempre corresponde al 70% (73% con la pandemia) de los trabajadores dependientes urbanos. Es decir, tienen un horario, un jefe y un salario, responden a una empresa, pero no tienen derechos laborales (CTS, gratificaciones, jubilación, etc.).
“Las razones del incremento de empleo informal urbano son varias, pero no tienen que ver con la flexibilidad laboral, sino con otros actores. Por ejemplo, que el salario mínimo es muy alto para la mayor parte del Perú”, dijo.
De otro lado, La rigidez laboral no está en la Ley de Promoción Agraria, sino en la Ley general de trabajo y esa no se va a tocar con la derogatoria de la LPA, sostiene Cuba. Y, por la misma razón, tampoco mata una posible reforma laboral que busca mayor flexibilidad.
-El problema real son las services mal utilizadas-
El problema real, son las Services mal utilizadas, sostiene Elmer Cuba. Los fundos no pueden contratar, a través de services, personal para cosecha, lo pueden hacer para los servicios que faculta la ley (seguridad, limpieza, mantenimiento, transporte, etc.).
Esta falla en la fiscalización laboral ha llevado a que erróneamente se decida derogar la Ley de Promoción agraria (LPA), cuando esta ley no tiene que ver con la flexibilidad o la rigidez laboral. Ha habido una gran confusión. Esto es un fracaso del estado. El fracaso en Ica es de Sunafil y lo que hay que ver es si fue por ineficiencia o por corrupción.
De otro lado, se habla de crear otro régimen laboral para la agroidustria, pero la ley laboral general actual ya estaba reflejada en la Ley de Promoción Agraria, ahí están contemplados todos los derechos laborales vigentes.
El aumento de remuneración que reclaman los trabajadores de la agroindustria hasta S/ 70 diario no va a ocurrir, a menos que creen un salario mínimo diferenciado, uno para el campo y otro para la ciudad, lo cual sería una distorsión para el mercado laboral.