La escalada del paro de trabajadores de la agroindustria que inició en la región de Ica, con la toma de carreteras, y su expansión hacia otras regiones llevó a que en el Congreso se tome la decisión de derogar la Ley de Promoción Agraria (LPA), a la cual se le atribuye ser la causante de que los trabajadores no reciban los derechos laborales vigentes y se les pague por debajo del salario mínimo.