(Fuente: Diego Ramos)
(Fuente: Diego Ramos)

El proyecto minero Tía María obtuvo la licencia de construcción por parte del Gobierno en las últimas semanas, lo cual generó malestar en la población de la provincia de Islay, en Arequipa, donde se encuentra ubicado el proyecto.

Desde entonces, las movilizaciones en contra del proyecto minero se han realizado en la zona, lideradas por distintas autoridades como congresistas, pero también por los alcaldes de la zona. Entre los alcaldes distritales, existen quienes tienen una abierta oposición al proyecto minero y que incluso se encuentran en procesos judiciales, mientras que otros se oponen por la inviabilidad social y la falta de estrategias para ganar la confianza de la población. Esta es la situación.

Cocachacra

En el distrito de Cocachacra, el alcalde es Hilario Cornejo Reynoso, quien ganó las elecciones por el Frente Amplio con el 48% de los votos. El alcalde de Cocachacra se encuentra entre las 15 personas procesdas en el Poder Judicial debido a las protestas realizadas en el 2015, cuando las protestas y los enfrentamientos con la Policía generaron la muerte de cuatro personas y dejaron más de 100 heridos.

Los delitos por los que se le acusa al alcalde de Cocachacra y a las otras 14 personas son extorsión, asociación ilícita para delinquir, entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos y disturbios. El juicio oral iniciará el próximo martes, según reportó El Comercio.

Dean Valdivia

Richard Ale Cruz, alcalde del distrito de Dean Valdivia, ganó las elecciones del 2018 con el 27% de los votos de la mano del movimiento Juntos por el Sur, del cual fue fundador pero también renunció. Ale Cruz ocupa el cargo de alcalde de Dean Valdivia por tercera vez, pues también fue electo en el 2006 y en el 2010. Es decir, tiene 16 años como autoridad en la zona.

Sin embargo, en las elecciones del 2014, Ale Cruz fue electo alcalde provincial de Islay, por el movimiento Integración Islay. Tras culminar su periodo en 2018, retornó a Dean Valdivia como burgomaestre.

Richard Ale Cruz, al igual que el alcalde de Cocachacra, también se encuentra procesado por las protestas en contra del proyecto minero Tía María en 2015. Estos dos alcaldes, al igual que otras 13 personas deberán iniciar la etapa del juicio oral el próximo martes.

Punta de Bombón

De la mano de Acción Popular, Raúl Rodríguez Torres se hizo alcalde del distrito de Punta de Bombón con el 30,8% de los votos. El burgomaestre del mencionado distrito se ha considerado "un demócrata" y por tanto se aplica "la voluntad del pueblo", por ende se opone al proyecto minero.

Sin embargo, el algún momento ser "un hombre proinversión, pero también un demócrata que cree que las cosas no se imponen".

"Por lo que conocemos, sigue habiendo un grupo grande renuente al proyecto; unos por desconfianza, otros porque ya tienen una ideología. Debería haber en todos los casos, en que un proyecto minero quiera instalarse, una consulta popular", dijo a La República.

Mejía

La alcaldesa del distrito de Mejía es Sandra Rivera Cáceres, quien ganó las elecciones del 2018 por el movimiento Fuerza Arequipeña con 27.9% de los votos válidos, es decir 270 votos. Rivera Cáceres se hizo con el cargo en su tercera postulación al mismo, pues también estuvo en las elecciones del 2010 y 2014.

La alcaldesa de este distrito, junto a los demás alcaldes de la zona, firmó una carta dirigida al presidente Vizcarra en julio pasado. En la misma mostraron su rechazo a la eventual entrega de la licencia de construcción del proyecto minero a Southern Cooper.

"Responsabilizamos a su gobierno y funcionarios del sector de los conflictos que puedan ocurrir, como efecto de la emisión de la licencia de construcción, sin contar con las condiciones sociales indispensables", mencionaron.

Islay

El alcalde del distrito de Islay es Fernando Zuñiga Chávez, que ganó las elecciones con el 38% de los votos válidos de la mano dle movimiento Arequipa Renace. Zuñiga también fue alcalde de Islay entre el 2007 y 2010.

El burgomaestre se opone al proyecto minero "porque las condiciones sociales no están dadas. “Es lamentable y contraproducente que la inversión privada, en vez de generar tranquilidad y mejorar las condiciones de vida traiga desigualdad, conflictos, y eso es lo que viene ocurriendo en el Valle del Tambo”, señaló.

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