Una vez más, América Latina tiene un problema de crecimiento. Después de una docena de años dorados de expansión económica y reducción de pobreza, es probable que la región crezca sólo un 1.5% este año, según un artículo de .

Argentina, Brasil y Venezuela están experimentando recesiones de diversa gravedad. Incluso países exitosos como y Chile ahora avanzan a paso de tortuga; y el crecimiento en , donde las reformas prometen mucho, aún no despega.

Las razones inmediatas no son difíciles de adivinar. El auge de los commodities ha disminuido y, en algunos lugares, los años de populismo fiscal están pasando la factura.

Un bajo nivel de desempleo y una población que empieza a envejecer significan que el crecimiento ya no puede venir de la adición de trabajadores. Si la región desea regresar a una expansión más rápida, tiene que aumentar la productividad.

Aquí la región tiene un historial lamentable y por razones conocidas: burocracia y economía informal, una infraestructura y educación deficiente y falta de competencia y crédito.

Pero según un nuevo estudio realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), hay otro factor. A diferencia de muchos países de Asia Oriental, América Latina ha evitado la acción del Estado para estimular el desarrollo de sectores y negocios de mayor productividad.

La política industrial, como solía ser llamada, pasó de moda en la región en la década de 1980, y por una buena razón. En América Latina, esta política se implementó principalmente en pro de la sustitución de importaciones.

Con demasiada frecuencia, esta albergaba a favorecidas empresas de baja productividad de la competencia extranjera que las habrían hecho más eficientes. En Corea del Sur, por el contrario, la política industrial fue más implacable: la ayuda estatal para las empresas era temporal y vinculada con el desempeño de las exportaciones y la innovación.

Debido a esta triste historia, el BID le cambia el nombre a la "política industrial" por el de "políticas de desarrollo productivo". Esto significa que esas políticas no solo deben aplicarse a los servicios, la agricultura, y la manufactura, sino que también se debe evitar los errores del pasado.

Estas políticas están justificadas, advierten los autores, sólo cuando tienen como objetivo desarrollar una ventaja comparativa latente o potencial, y cuando las fuerzas del mercado no han podido hacerlo. Y el remedio debe dirigirse directamente a la falla del mercado.

Hay mucho por hacer. América Latina es pobre en innovación. El gasto en investigación y desarrollo en la región, como porcentaje del PBI, es menos de la mitad que en los países desarrollados, que tienen siete veces más investigadores por cada 1,000 trabajadores. Los incentivos fiscales pueden estimular la innovación, sobre todo cuando recompensan la contratación de investigadores y la colaboración entre universidades y empresas en industrias competitivas.

También se podría justificar la intervención del Estado con el fin de superar las "fallas de coordinación" -en donde varias empresas se verían potencialmente beneficiadas pero no hay nadie que organice un plan de pago, por ejemplo, la creación de una "cadena de frío" con control de temperatura para la exportación de frutas y verduras.

La agencia de inversión de Costa Rica ayudó a desarrollar una industria de dispositivos quirúrgicos persuadiendo a una empresa estadounidense a establecer un servicio de esterilización en el país. La INTA de Argentina, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, trabajó con los agricultores locales para desarrollar cepas más productivas de arroz.

El mayor desafío del Estado es incubar nuevas industrias de mayor valor-sin caer en nuevos alegatos en réplica. Hay varios casos de éxito en América Latina. Los orígenes de Embraer, un fabricante brasileño de aviones, se basan en un instituto público de tecnología de aeronáutica. Fundación Chile, una agencia de desarrollo privada con jurisdicción en las políticas públicas, creó una industria de cultivo de salmón.

Pero este tipo de iniciativas sólo funcionarán si los gobiernos tienen la capacidad técnica e institucional para llevarlas a cabo, advierte el BID, que también considera que los proyectos deben ser objeto de una evaluación externa. El ejemplo de sugiere que las cláusulas de caducidad del apoyo estatal y las empresas que se someten a la disciplina de la competencia extranjera son cruciales.

Algunos capítulos del estudio del BID son indigeribles, escritos por economistas más que políticos. Tiran algunos golpes: aunque critican la protección de los productores de arroz en la pequeña Costa Rica, no dicen nada sobre el uso reciente de los subsidios y la protección en Brasil y Argentina para mimar a las industrias en declive o establecidas.

Pero su argumento a favor de una política industrial moderna es oportuna. De hecho, ya se está aplicando. Este año el ministro de la Producción de Perú, Piero Ghezzi, dio a conocer un , el primer paso de lo que es la apertura de diez centros de innovación tecnológica. Los peruanos no pueden vivir solo de la minería. Las prudentes políticas gubernamentales pueden ayudar.