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El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) está por iniciar un proceso judicial contra Google, acusándola de abuso de posición de dominio de su motor de búsqueda. Será el primer caso antimonopolio en tecnología desde que el DOJ demandó a Microsoft en 1998.
Hay que esperar que el fiscal general, William Barr, presuma que esto prueba que el Gobierno de Trump no se acobarda ante las grandes tecnológicas.
Pero más allá del gesto político, es probable que pocos estados se sumen y que el negocio de publicidad de la compañía no sea parte del caso. Si el juicio contra Microsoft sirve de guía, el proceso durará años y será incómodo para Google; aunque es probable que se alcance una conciliación -incluso bajo una posible presidencia de Joe Biden–.
Sin embargo, una regulación potencialmente más vinculante está cocinándose en otro sitio. Muchos reguladores piensan que los juicios por hechos pasados (“ex post”) son inadecuados en los cambiantes mercados tecnológicos, y están presionando por reglas “ex ante” que condicionarían el accionar de las plataformas online. El 6 de octubre, un comité de la Cámara Baja publicó un informe de 449 páginas en torno a cómo Estados Unidos debe actualizar su legislación sobre competencia. Días antes, se filtró a la prensa una ambiciosa lista de reglas a ser incluidas en la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea (UE).
¿Tendrán estos esfuerzos más éxito que los viejos remedios? Con respecto al informe congresal –resultado de 16 meses de investigación–, a pesar de la polarización política del país, mucho de su diagnóstico goza de respaldo bipartidista.
“Describe con exactitud cómo Apple, Amazon, Google y Facebook han usado su poder monopólico para controlar el acceso al mercado”, escribió el congresista republicano Ken Buck. Previsiblemente, los partidos discrepan en qué hacer.
Los demócratas quieren que las grandes tecnológicas escindan sus principales líneas de negocios. Por ejemplo, Amazon ya no podría vender mercancías de marca propia en su plataforma, donde supuestamente les brinda trato preferencial – incluso en sus resultados de búsquedas–. Los republicanos dicen que esas medidas son demasiado intervencionistas y proponen afinar la legislación antimonopólica.
Amazon cuestionó los hallazgos del informe. “La presunción de que el éxito solo puede resultar de conductas anticompetitivas es errónea”, sentenció.
Apple, Facebook y Alphabet, propietaria de Google, emitieron declaraciones similares. Para que algo significativo sea aprobado en el Congreso, el próximo mes los demócratas tendrán que ganar no solo la presidencia sino también una mayoría grande en el Senado, algo que es poco realista. Habiendo ya intentado, sin mucho éxito, cambiar la conducta de las gigantes con investigaciones y multas, la UE está apostando por el enfoque ex ante.
Su idea principal es prohibirles incurrir en “prácticas desleales”. La lista filtrada contiene 30 de esas prácticas, desde plataformas que privilegian sus propios servicios hasta su negativa a trabajar con competidoras. Si todas fuesen aprobadas, las gigantes terminarían atrapadas en una camisa de fuerza legal. Las propuestas podrían debilitar los “efectos de red” –fuerzas de los mercados online que permiten crecer más a las grandes compañías–.
Por ejemplo, las apps dominantes de mensajes como WhatsApp (de Facebook) podrían verse forzadas a aceptar mensajes de las pequeñas y las plataformas, a compartir data con sus rivales, lo cual eliminaría una barrera de entrada. La Comisión Europea, brazo ejecutivo de la UE, está trabajando en detalles como definir qué es una empresa que controla el acceso al mercado.
El monto de ingresos y el número de usuarios cuentan, ¿pero la data que poseen, que es difícil de medir? ¿Qué data deben compartir las plataformas? Un exceso de regulaciones podría alejar a las grandes plataformas de la innovación. Los eurócratas están en medio de lo que Mark Shmulik, de la investigadora Bernstein, llama “dilema del regulador”: diseñar reglas robustas que eviten consecuencias indeseadas.
La respuesta de la Comisión es que sus propios expertos, y quizás una nueva agencia, decidan, caso por caso, qué actividades son anticompetitivas. Y las empresas tendrían que demostrar que no lo son. Tomará tiempo concebir reglas eficaces, pero sería una anomalía histórica si las tecnológicas no fuesen firmemente reguladas, como antes ocurrió con sectores como banca y alimentos.
El público parece estar preparado: 72% de adultos estadounidenses dice que las empresas de redes sociales tienen demasiado poder político. También están listas las firmas pequeñas, que están buscando sus propios casos ex post. Epic, que desarrolla el videojuego “Fortnite”, ha demandado a Apple por conducta antimonopólica. La cruzada de Oracle contra Google en torno a supuestas violaciones de derechos de autor, que la Corte Suprema admitió el 7 de octubre, tiene tintes antimonopólicos. Quizás amaine el cargamontón contra las tecnológicas, pero los golpes han comenzado.
