Hace 20 años, el economista peruano Hernando de Soto hizo una reflexión sorprendente: la población de países pobres no es tan pobre como parece, pues posee muchos activos. Pero no puede usarlos como garantía porque no puede probar su propiedad. De Soto estimó que el valor total de terrenos, viviendas y otros activos fijos poseídos informalmente era de US$ 9.3 millones de millones (US$ 13.5 millones de millones en dólares de hoy), equivalentes a 20 veces la inversión extranjera directa a países en desarrollo la década precedente.
Si los pequeños agricultores y los residentes de asentamientos humanos tuviesen títulos legales de sus propiedades, podrían tener mejor acceso al crédito para adquirir semillas mejoradas o iniciar negocios; y podrían invertir en sus tierras sin temer que se las arrebaten. Los derechos de propiedad mejorarían los ingresos de los pobres. Desde que publicó su libro “El misterio del capital”, sus ideas se han propagado.
Etiopía, Indonesia, Ruanda, Tailandia y Vietnam han emprendido vastos proyectos de titulación, mapeando y registrando millones de parcelas, mientras que India planea usar drones para mapear sus poblados. Los estudios indican que la titulación ha impulsado la productividad agrícola, en especial en América Latina y Asia. El Banco Mundial quiere que el 70% de la población tenga derechos de propiedad para el 2030.
Sin embargo, es poco probable que ello ocurra. A pesar de todos esos esfuerzos, solo el 30% de la población mundial cuenta con títulos formales. Solo el 22% de países ha mapeado y registrado lotes privados en sus capitales. Con la destrucción de empleos causada por el covid-19, los desahucios han aumentado, según la ONU. Alrededor de 1,000 millones de personas temen ser desalojadas dentro de los próximos cinco años, generalmente porque no poseen el suelo debajo de sus casas.
De Soto alertó que es difícil establecer un sistema de derechos de propiedad. No es suficiente con otorgar el título, que no sirve de mucho si su tenedor no puede usarlo. Con demasiada frecuencia, no existen instituciones que hagan respetar esos derechos de manera imparcial y transparente. Y registrar una propiedad tarda en promedio 108 días en el sur de Asia y 64 en América Latina, mientras en la OCDE, solo 24. Las nuevas plataformas de software que facilitan transacciones y mediación podrían ayudar, aunque no pueden hacerlo todo.
Otras leyes suelen debilitar tales derechos. En más de 30 países, hijas y viudas no tienen los mismos derechos hereditarios de tierras que hijos y viudos, y en docenas más, es difícil para las mujeres poseer terrenos debido a las normas consuetudinarias. Las restrictivas leyes de planificación empeoran la situación. En el sur de Asia, donde 130 millones viven en asentamientos, las reglas de zonificación y la acumulación de tierras de parte de agencias públicas dificultan y encarecen la compra de propiedad formal.
Un motivo por el que la reforma es complicada, es que los políticos suelen tener fuertes incentivos para oponerse. En gran parte del mundo en desarrollo, el poder de asignar tierras -o decidir quién lo haga- es muy lucrativo. Los políticos lo usan para enriquecerse y recompensar a partidarios. El refuerzo de los derechos de propiedad para la gente común dificultaría ese expolio.
Los partidos de Gobierno suelen aliarse con líderes rurales para frenar cambios. Globalmente, entre 2,500 millones y 3,000 millones viven en unos 6,000 millones de hectáreas de tierras comunales (tres veces el tamaño de Rusia más una el de Brasil). Desde los años 90, 39 de los 54 países de África aprobaron leyes de propiedad en esas tierras, pero en algunos, tóxicos acuerdos entre mandamases urbanos y rurales siguen privando a los pobres de esos derechos. El problema es agudo en Sudáfrica, donde un tercio de la población aún vive en áreas designadas durante el apartheid, con mínimos derechos de propiedad.
En ocasiones, las leyes tienen vacíos que son explotados por las élites. Por ejemplo, la expropiación por interés público es aprovechada para transferir tierras a allegados. En África y Asia, solo la mitad de tales leyes exige compensación en casos de expropiación estatal. Algunos gobiernos ignoran la ley, como en Brasil, Colombia y Kenia, donde han desalojado asentamientos o arrasado tierras ancestrales. En Níger, Filipinas e Indonesia, activistas han sido encarcelados o intimidados. Los derechos de propiedad no funcionan a menos que la ley se aplique a todos.
La propiedad de la tierra es un asunto delicado, especialmente en lugares donde perdura el recuerdo de la expropiación colonial. La introducción de derechos de propiedad modernos y vinculantes siempre será políticamente tirante. No obstante, los reformadores deben mantenerse firmes en el esfuerzo de registrar quién posee qué, cementar en leyes los derechos de propiedad individuales y desarrollar las instituciones que los defenderán. Es así como De Soto lo argumentó, el capitalismo no debe ser para una minoría sino para las mayorías.
Traducido para Gestión por Antonio Yonz Martínez
© The Economist Newspaper Ltd, London, 2020