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El Tribunal Constitucional emitió fallo a favor de Paramonga en el caso que enfrentaba contra Sunat, donde la empresa reclamaba no se le cobre el pago de intereses moratorios generados luego del plazo legal con el que contaba esa superintendencia para resolver los recursos utilizados por el contribuyente.
El TC falló declarando que el cobro de los intereses generados “en el tramo en el que la autoridad administrativa excede el plazo legal por causas atribuibles a ella” es inconstitucional. Es decir, cobrar intereses moratorios por la propia tardanza de la administración es inconstitucional.
El caso
Al momento de presentar reclamos o apelaciones por la determinación de una deuda ante la Sunat o el Tribunal Fiscal (TF), ambas entidades cuentan con un plazo legal para resolver dichos recursos.
Sin embargo, la Sunat y el TF suelen excederse de dicho plazo. En el caso de la empresa Paramonga, el TF sobrepasó su plazo máximo para resolver por más de 4 años, en los que se siguieron generando intereses moratorios a pagar por parte del contribuyente.
En ese sentido, el TC indica que “la demora en la resolución del procedimiento administrativo por parte de la administración tributaria se ha traducido en un perjuicio significativo para la demandante”, por lo que no se deben cobrar los intereses moratorios generados luego del plazo máximo para que la Sunat y el TF resuelvan las solicitudes del contribuyente.
Impacto
La sentencia sienta un precedente para otros casos que actualmente se encuentran en el TC y en el Poder Judicial y tratan sobre este mismo tema.
“Hoy en día hay más de 300 casos en cola en el TC y más de 1,000 casos en el Poder Judicial (en distintas instancias) alegando lo mismo que indicaba Paramonga”, indica Jorge Picón, socio del estudio Picón.
Entre esos casos se encuentran aquellos seguidos por la empresa Telefónica contra la Sunat, donde están en litigio deudas millonarias.
“Es previsible que una sentencia como la de este caso se va a repetir en todos los demás, ya que ante una misma razón debe aplicarse un mismo criterio. En ese sentido, es muy probable que el TC le dará la razón a Telefónica”, señala Picón.
Picón agrega que el Estado debería proponer un proyecto de ley que materialice en norma el criterio del TC para evitar que se prolonguen casos ante el Poder Judicial y el TC que generan gastos al Estado y a los contribuyentes.