A finales de enero, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra, anunció que se habían superado las trabas principales que evitaban que la avance en su construcción.

Sin embargo, Gestión conoció que estas controversias aún no han sido superadas y recién se está elaborando un proyecto de adenda en el que se precisen los acuerdos entre la empresa concesionaria y el Gobierno.

Son tres los temas que irían en la adenda: el sinceramiento del plazo de la entrega de terrenos, así como del levantamiento de interferencias y el cambio del área destinada para construcción de dovelas (estructuras que son parte del arco del túnel).

Si bien Vizcarra ya anunció que hay avances en estos aspectos con las conversaciones que tuvo el MTC con el concesionario, este último no está de acuerdo con la formalización a través de un acta, sino que busca que se firme la adenda correspondiente.

Cuestión de dineroLa razón para que la empresa concesionaria de la quiera la firma de la adenda es porque tiene lista una línea de crédito que no puede utilizar por US$ 2,000 millones obtenida a través de una emisión de bonos, y al no contar con la certidumbre de lo que sucederá con el proyecto, corre el riesgo de perderla.

La situación se complica porque el Gobierno anunció que para reducir los costos del proyecto, la parte que le corresponde al Callao dejaría de ser subterránea y se haría de manera aérea. Este cambio, al ser parte del diseño del proyecto, también debería hacerse vía una adenda, pero la modificación tampoco ha sido planteada oficialmente.

No hay avancesOtro tema que Gestión supo es que a la fecha no existe aún avances nuevos con los acuerdos que el ministro Vizcarra anunció.

Por ejemplo, de las 73 áreas que debe entregar el Estado para este proyecto, solo se entregaron 11, de las cuales tres se hicieron en los últimos seis meses del nuevo Gobierno.

Además, de los 108 estudios de ingeniería (EDI), que necesita el proyecto, están aprobados apenas 15 y solo dos son de estaciones. Hasta el 2016 se invirtieron US$ 649 millones, cuando debió estar en US$ 1,648 millones.

Proceso en CIADIA inicios de este mes, la empresa concesionaria de la del Metro de Lima, presentó una demanda contra el Estado peruano ante el (CIADI).

Esto porque el Estado no cumplió con la entrega de terrenos para la obra lo cual, según el concesionario, le genera perjuicios económicos que ascienden a US$ 263 millones, los cuales son reclamados ante la entidad internacional.

Pese a ello, este proceso no impide que Gobierno y el concesionario lleguen a los acuerdos necesarios para la firma de las adendas correspondientes para agilizar las obras.

Y es que las decisiones del están relacionadas a las compensaciones que se deben dar entre las partes que presentan los casos y no se pronuncian sobre las necesidades de cambios en los contratos de concesión.

Inicialmente, tanto el concesionario como el MTC se encontraban en un trato directo para solucionar el retraso en la entrega de terrenos, pero no se llegó a ningún acuerdo.