Sunat reclama a Odebrecht y sus exsocias más de S/ 1,300 millones

El jefe de la Sunat, Víctor Shiguiyama, reveló en la Comisión de Economía del Congreso que su despacho, a finales del 2016, inició fiscalizaciones en las empresas que están vinculadas al caso Lava Jato y a las consorciadas.

Las utilidades entregadas por las constructoras peruanas (Graña y Montero, JJC e ICCGSA) a Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción (OPIC) bajo el concepto de “riesgos adicionales” fue detectada por el fisco en el mes de marzo del 2017, dijo.

Al respecto, Claudia Suárez, superintendente Nacional adjunta de tributos internos de la Sunat, reveló a Gestión que desde el año 2001 las empresas vinculadas a Odebrecht y sus consorciadas han pagado S/ 16,000 millones.

Asimismo, dichas compañías aceptaron el pago voluntario por deudas imputadas por la Sunat, por S/ 201 millones; pero aún la Sunat reclama el pago de S/ 1,300 millones que se encuentran en disputa.

Suárez detalló que la Sunat inició una investigación –aún reservada– de las empresas vinculadas al caso Lava Jato tanto a las empresas brasileñas como a sus consorciadas respecto de operaciones del 2011, evitando que opere el plazo de prescripción.

Detalló que la fiscalización se centra en una revisión del pago del Impuesto a la Renta (IR), y entre otros aspectos, en el pago que recibió OPIC de sus empresas consorciadas, ya que el fisco considera que debió tributar el IR.

De otro lado, la funcionaria explicó que las empresas consorciadas no dedujeron los aportes voluntarios de sus utilidades como un gasto, por lo que las operaciones se realizaron luego de haber pagado el impuesto y tampoco estaban provisionadas como operaciones por realizar.

También manifestó que estas operaciones realizadas desde las empresas consorciadas peruanas fueron materia de fiscalizaciones, pero que al haber cumplido con sus obligaciones fiscales, se archivaron.

Acciones de la Sunat
Suárez resaltó que el fisco desde el 2016 viene realizando una serie de acciones de fiscalizaciones con un equipo especial conformado por 40 personas solo para investigar a las empresas consorciadas y las vinculadas al caso Lava Jato.

A la fecha existen 62 fiscalizaciones en trámite a distintas empresas y por diversos tributos, que se resolverán entre diciembre de este año y el primer trimestre del 2018, dijo Suárez