La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos () ha contribuido estratégicamente en la labor investigadora de las Procuradurías (de lavado de activos y anticorrupción), Ministerio Público, Contraloría General de la República y de congresistas.

Esta labor contrasta las denuncias divulgadas en medios de comunicación en el sentido de que la entidad estaría involucrada con mafias que se dedican a despojar propiedades y cometer otros actos ilícitos.

La entidad sostuvo que las debilidades de su sistema legal y la falsedad documentaria son problemas que también afectan a los notarios, árbitros, jueces, municipios, entre otros.

"Si bien las denuncias se refieren a actos y títulos presentados e inscritos hace varios años, la actual gestión ha tenido la iniciativa de realizar diversas acciones para reforzar el sistema registral a fin de combatir frontalmente la corrupción", acotaron.

Asimismo, han planteado iniciativas legales para revisar el principio de buena fe , y se ha implementado un sistema informático para el ingreso y distribución de títulos de forma aleatoria, con la rotación de registradores y la mejora del sistema del servicio gratuito de Alerta Registral.

En tanto, se ha mejorado el control del acceso interno al sistema de consulta registral, y se han emitido directivas como la Inmovilización de Predios y la Tacha por falsedad documentaria, entre otras normas de carácter registral a fin de evitar que estas mafias continúen despojando de sus propiedades a los ciudadanos.

"Además, se han implementado mecanismos de denuncia y seguimiento de la corrupción en nuestra institución, como el buzón anticorrupción y la creación de la Comisión de Inteligencia Registral", agregó.

La entidad aseguró que emprenden una lucha contra la corrupción y han iniciado procesos internos de investigación de estos actos irregulares ante el Órgano de Control Institucional, con la reserva necesaria para lograr los objetivos deseados.

Por último, acotaron que continuarán con su labor de fortalecer el sistema registral y la seguridad jurídica, en el marco de la Ley de Fortalecimiento Institucional, enfrentando directamente la corrupción que amenaza al sistema.

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