La decisión de incrementar la Remuneración Mínima Vital (RMV), actualmente en S/ 930 al mes, debería tomarse tras una evaluación técnica y no política, subrayó el abogado laboralista Jorge Toyama.
Refirió que si bien la RMV no aumenta desde el 2018, ello se debe a la situación extraordinaria del impacto de la pandemia en las actividades económicas desde el 2020, año en que se tenía previsto darse un nuevo incremento.
Toyama sostuvo que en su discurso del 28 de julio, el presidente electo Pedro Castillo, no debería anunciar un incremento inmediato del sueldo mínimo, pues sería una decisión política, sino aprovechar la ocasión para relanzar el Consejo Nacional de Trabajo y convocar a un diálogo social que permita establecer un futuro aumento de la RMV en base a criterios técnicos.
“Está claro que el sueldo mínimo tiene que subir. La pregunta es cuándo y en cuánto. Por eso el nuevo Gobierno debe convocar al diálogo social, con la participación de sindicatos de trabajadores y gremios empresariales, para lograr aprobar una norma que establezca cada cuánto tiempo debe subir y qué fórmula de cálculo utilizar. De esta manera el tema se desligaría del factor político”, refirió Toyama.
El especialista se mostró favorable a que la evaluación del sueldo sea cada dos años.
“Y se podría establecer que se defina en octubre del año anterior, de manera que el nuevo sueldo mínimo aplique desde enero del año siguiente y así tener predictibilidad y que las empresas se puedan preparar”, refirió.
Por su parte Daniel Hermoza, presidente del gremio Mypes Unidas del Perú, advirtió que si el próximo Gobierno anuncia este año un aumento de la RMV ello afectaría la recuperación del empleo de las empresas, aún afectadas por las restricciones del COVID-19.
“Hay muchas empresas que están haciendo un gran esfuerzo por recuperarse, por ejemplo, restaurantes, donde aún hay restricciones. Un aumento del sueldo mínimo sería una estocada para el empleo formal”, subrayó.
Para Hermoza recién en dos años se debería evaluar un aumento del sueldo mínimo, cuando las empresas ya se hayan recuperado totalmente del impacto económico del COVID-19.
“Nosotros también plantearemos al próximo Gobierno una tregua tributaria para promover la formalización de las empresas”, anotó.