, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Sunafil, detalló que de acuerdo a las inspecciones del ente fiscalizador, la situación laboral de los operarios en el emporio de Gamarra es similar – encerrados y sin derechos laborales – a la de los jóvenes que perecieron en la zona comercial de Las Malvinas.

Como se recuerda, el jueves último un intenso incendio que aún persiste, dejó en cenizas los últimos pisos del Centro Comercial Nicolini.

"Lo que ha descubierto (el incendio en Las Malvinas) son que los trabajadores que laboraban en los últimos pisos de la galería, estaban encerrados. Lamentablemente este hecho también ocurre en Gamarra", alertó en entrevista con RPP Noticias.

En esa línea, dijo que como parte de las labores de fiscalización de la Sunafil desarrollados en enero, "verificamos que en Garrama se tenían esa misma condición (laboral): encerrados y que nunca (los operarios) están en planilla. No tienen ningún derecho".

Agregó, que desde la Sunafil se desarrollaba hasta inicios de año, un plan piloto para fiscalizar diversas galerías comerciales, sin embargo en febrero – con la llegada de para liderar la Sunafil – se desactivó.

"Hasta el 2016 comenzamos a fiscalizar a las microempresas, especialmente al sector informal. Íbamos con policías, con representantes de las municipalidades, pero se ha desarticulado. No queremos pensar que hay intereses detrás para evitar que fiscalicemos las galerías", remarcó.

A su turno, , titular de la Sunafil, se defendió de las imputaciones y rechazó que exista un interés particular para evitar las fiscalizaciones laborales en las galerías comerciales.

"No se ha dejado de fiscalizar. Es más, este año y por una meta gubernamental más ambiciosa, se ha diseñado una estrategia de formalización laboral a nivel nacional que comprende que el 60% de nuestros inspectores se dediquen a esta tarea", aseguró.

Así, respondió a Córdova y detalló que se dio de baja el desarrollo del "cuadrante inspectivo" porque este era una experiencia piloto que estaba focalizado únicamente a la mediana y gran empresa y no para la pequeña y microempresa.

"La evidencia arrojó que cuando un inspector de trabajo iba puerta a puerta y se encontraba con una microempresa, el inspector le terminaba diciendo que no lo podía fiscalizar, situación que generaba dispendios de recursos y era una señal de impunidad", puntualizó la funcionaria.

En esa contexto, precisó que el 80% de la labor de los fiscalizadores de la se concentran en denuncias y el 20% en programación de visitas inspectivas.

"El 31 de mayo, incluso, enviamos una comunicaciones a la comuna Lima para hacer operativos conjuntos. Estamos trabajando de la mano y evitar que se ponga en riesgo más vidas humanas", específico.