El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo () elaboró nueva propuesta de modificación del Reglamento de la , que procederá a la suspensión de la organización sindical si sus actividades resultan ilícitas.

Esta nueva medida se dará con el fin de garantizar la seguridad ciudadana, y la Autoridad Administrativa de Trabajo procederá de forma excepcional a la suspensión del registro de tal sindicato.

Ello en el marco de lo dispuesto en el literal e) del artículo 11 de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo; medida extraordinaria que estará sujeta a control judicial y la inmediata solicitud de disolución de la organización sindical ante el Poder Judicial.

La presente gestión ministerial no pretende en modo alguno afectar a los sindicatos, ni la libertad sindical, porque ello contravendría convenios internacionales suscritos.

Lo que se propone es evitar reconocer como sindicatos a bandas de crimen organizado o asociaciones que atenten contra el orden democrático, informó el representante del MTPE.

Es preciso señalar que la legislación vigente que data del año 1992 establece que la inscripción de una organización sindical se efectúa de manera automática, a la sola presentación de la solicitud en forma de declaración jurada.

Como medida de corto plazo el objetivo es evitar filtraciones de organizaciones ilícitas; por lo que el registro sindical no será de aprobación automática, sino de aprobación posterior, estableciéndose un plazo de revisión de los requisitos formales exigidos por la ley; plazo que es plenamente compatible con el respeto a la libertad sindical.

"Según los registros sindicales, en Lima en el 2007 habían 4 sindicatos, y al 2012 existen 54. A nivel de federaciones hasta el 2007 había 1, y hoy hay 5. En regiones como Ancash las cifras son más impactantes, entre 1993 y 2000, habían 5 sindicatos, y al 2012 se han inscrito 18 sindicatos, pero en total habían 70", declaró Guillermo Miranda, Jefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).

En tal sentido, se verificará que sus fines no riñan con la naturaleza y objeto de la organización sindical, ni colisionen con la normativa vigente, encontrándose impedidos de realizar cualquier otro tipo de actividades que no se condigan con su finalidad, ello conforme a lo establecido en los artículos 8 y 11 de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo.