La pandemia del COVID-19 causó que los gobiernos del mundo adopten medidas sanitarias que han tenido un impacto en la economía de empresas e inversionistas, quienes han visto sus ganancias reducidas por el accionar de los Estados.
El Transnational Institute (TNI) y el Corporate Europe Observatory (CEO) reportan que, como consecuencia de esto, se vendrá una “ola considerable de disputas” contra los Gobiernos del mundo, las cuales incluirán “demandas multimillonarias”, que impactarán las economías de los Estados severamente.
Estas demandas serían posibles gracias a los tratados bilaterales de comercio celebrados entre países, los cuales prometen proteger la inversión de empresas extranjeras y les permiten a inversores demandar a Estados arbitralmente sin la necesidad de contratar con el Estado.
Es decir, esta ola de demanda no vendría de empresas contratando con el Estado, sino de inversores que contratan en el ámbito privado.
“Una vez pasada la emergencia, los Estados deberán enfrentar demandas de arbitraje entabladas por inversores extranjeros en virtud de tratados bilaterales de inversión vigentes”, señala al respecto representantes del estudio ArbLit, de Italia.
De acuerdo a abogados del estudio Reed Smith, de los Estados Unidos, las demandas contra el Estado por afectación de inversiones suelen ocurrir en momentos de crisis. “Muchas de esas controversias surgieron a raíz de circunstancias sociales difíciles, como la crisis financiera en Argentina a comienzos de la década del 2000 o la Primavera Árabe a comienzos de la década del 2010”, informan.
Asimismo, el estudio Linklaters, de Inglaterra, señaló que “”los inversores extranjeros deben saber que los Estados no tienen total libertad para incumplir sus obligaciones en virtud de los tratados de inversión, sin perjuicio de la gravedad de la crisis”, por lo que la crisis no justifica el daño a las inversiones de las empresas.
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De acuerdo al TNI y el CEO, estas demandas pueden costar a los Gobiernos “decenas de miles de millones de dólares”.
Históricamente, este tipo de demandas contra el Estado suele ser por US$5 millones, pero han superado los US$30 millones, por lo que representan un “gran negocio para los bufetes de abogados”, señalan el TNI y el CEO.
“Resulta aberrante que estos posibles juicios y la compensación económica que solicitan se sumarán a la inmensa carga financiera de muchos Estados”, agregan investigadores del TNI.
En el Perú
De acuerdo a José Daniel Amado, socio del estudio Miranda & Amado, comentó a Gestión que “No cabe duda que van a haber una serie de casos contra el Estado”.
Amado comenta que, en el Perú, “habrán discusiones que provengan de estos sobrecostos, a veces enormes, para operar bajo ciertas condiciones”.
Estos sobrecostos van a generar debates arbitrales, donde las empresas afectadas por las medidas impuestas por el Estado “van a querer pasar factura al Gobierno”, señala Amado.
“La crisis económica no la ha causado la pandemia, sino las reglas imposibles de cumplir o que costaban demasiado cumplir que el Estado obligaba a seguir”, informa Amado, por lo que las empresas van a preguntarse si pueden trasladar los costos generados al Gobierno, “y en varios casos tendrán razón”.
Por otro lado, Hugo Forno, socio del estudio Garrigues, cree que “no vendrá una avalancha de procesos”.
“No creo que sea simple justificar una demanda jurídica contra el Gobierno”, señala Forno. “No creo que las empresas tengan mucha base para demandar al Estado”.
En ese sentido, Forno considera que “van a haber uno o dos demandas, y uno que otro reclamo aislado” pero que no ve “que puedan haber muchos otros casos”.