Reforma de Ley de Contrataciones del Estado busca eliminar corrupción y agilizar procesos de entidades

El Gobierno envió al Congreso de la República un proyecto que reforma la actual Ley de Contrataciones del Estado, con el que busca detectar actos de fraude y corrupción así como agilizar los procesos en beneficio de las entidades públicas.

Uno de los cambios principales es que se elimina el valor referencial, para los contratos de bienes y servicios, como requisito para ganar los concursos llevados a cabo por el Estado. Este valor se mantendrá para el caso de las obras.

Es así que el proyecto plantea que el valor referencial sea reemplazado por el precio estimado del bien o servicio, el mismo que no será de conocimiento de los postores, para que de esa manera se genere competencia y se reduzcan los costos para el Estado.

Otra de las modificaciones en el norma es que se propone incrementar de 3 a 8 UIT el monto de contratación que quedará excluido de la aplicación de los requerimientos de la ley para contratar con el Estado.

El proyecto señala que se eliminará el proceso de subasta inversa presencial, para cambiarse por la subasta inversa electrónica, lo cual aseguraría una mayor transparencia en los procesos.

Asimismo se propone que todas las entidades del Estado puedan hacer compras corporativas siempre y cando se trate de bienes similares, además de las contrataciones de Estado Estado se puedan hacer para cualquier bien o servicio.

En el Perú, el Estado destina un tercio del presupuesto público para compras y contrataciones, lo que en total significa que el 2014 el monto para este fin es de S/. 40,000 millones.

Con la norma actual los procesos de contrataciones de bienes y servicios demoran casi 74 días calendarios de lo cuales 41 días se dedican a calcular el valor referencial.

Del total delos inscritos es el Registo de Proveedores del Estado, solo el 28.8% tuvo alguna buena pro con el Estado, mientras que todos los procesos que se hacen cada año el 18.1% quedan desiertos principalmente por no tener ofertas al momento del concurso.

"La norma busca pasar de una actividad regulada y controlista a una con con visión que se oriente a la gestión por resultados, detectar actos de fraude y corrupción", señala el proyecto.