Segunda Reforma Agraria, los incentivos tributarios y financieros que incluye el proyecto de ley

De acuerdo a los detalles de la iniciativa, se propone que el Estado establezca un régimen especial de beneficios tributarios a los productores agrarios organizados en comunidades campesinas, nativas, pueblos originarios e indígenas, Rondas Campesinas y otras formas de organización en el territorio.

Según se desprende de la exposición de motivos, el gobierno buscaría generar incentivos en aquellas industrias que logren un efecto de arrastre hacia atrás, como ocurre en la industria de procesamiento de carnes, cuyas ventas están exoneradas del pago de Impuesto General a las Ventas (IGV), por lo que incentiva un mayor dinamismo en la producción nacional de ovinos y caprinos vivos, entre otros animales.

Tanto la aceituna como la leche fresca también están exonerados del pago de IGV, por citar unos ejemplos. En esa línea, se apunta a incluir en los beneficios a la industria de preparación e hilatura de fibras textiles -por citar un caso- debido a que está identificada como un sector clave.

“La mayor participación de este sector clave va a generar un fuerte encadenamiento hacia otras actividades proveedoras de insumos, como es el caso del algodón desmotado. Asimismo, la industria de hilado tiene un fuerte encadenamiento hacia adelante, en la medida que su producción intermedia se expande hacia el resto de actividades en mayor proporción que la media del sistema productivo”, detalla el proyecto de ley al que tuvo acceso Gestión.pe.

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Otros incentivos

Ante la crisis mundial de los fertilizantes -el precio se elevó en un 78% entre el 2021 y lo que va del 2022- la aplicación de dichos insumos en los diferentes cultivos se redujo, por lo que el Midagri espera una disminución en el rendimiento y la calidad de algunos alimentos, como en el arroz y la papa.

Pese a ello, el gobierno peruano describe la actual situación como “una buena oportunidad para fomentar el uso y elaboración de abonos orgánicos nacionales”; así como promover la industria nacional de fertilizantes sintéticos y minerales a fin de disminuir la dependencia internacional en la provisión de fertilizantes en el mercado nacional”.

Y en esa línea, el proyecto de ley propone -entre otros-, establecer incentivos monetarios y no monetarios a los productores agrarios que producen y usan abonos orgánicos.

A nivel de los productores ganaderos, la segunda Reforma Agraria contempla la creación del programa de inversión de infraestructura en zonas donde se presenta climas extremos de friaje, y del programa de inversión en salud animal como pilar de la seguridad alimentaria.

Financiamiento

Son varios los programas de financiamiento para el productor agropecuario que están vigentes pero que requieren de fortalecimiento. Uno de ellos es el Fondo Agroperú que ofrece créditos de hasta S/ 40,000 a tasas más bajas que el promedio del mercado y que, al 3 de agosto de este año, registra colocaciones por S/ 1,041 millones. También existe el bono FIPPA -de S/ 1,525 en promedio-, que en los últimos 22 meses ha beneficiado al 3% de todos los pequeños productores agropecuario que administran entre una a cinco hectáreas en el país, “por lo que es necesario expandirlo”, señala la propuesta.

La iniciativa, incorpora también, que el Estado promueva la subvención en forma parcial o total los costos de producción de los productos agrarios, en los casos de crisis económica, alimentaria o financiera producida por factores externos, entiéndase caso fortuito o de fuerza mayor. Asimismo, promueve la creación de clúster y conglomerados comerciales con enfoque territorial, potenciando el desarrollo tecnológico, la innovación y la diversidad productiva de la zona.

Adicionalmente, el Gobierno busca incorporar tres tipos de financiamiento para el sector. Así, el proyecto de ley que será próximamente enviado a la Comisión Agraria del Congreso de la República, propone -primero que el Estado garantice la triangulación financiera a través de banca de fomento con la finalidad de facilitar el acceso a créditos internacionales y nacionales a tasa de interés preferencial, que no implique garantías reales a favor de los pequeños productores.

Segundo, busca crear un fideicomiso con bonos del Estado, aportes de los productores agrarios y gravamen de la agroexportación, minería y a las empresas energéticas que operan en el territorio. Todo ello, en el marco del artículo 88 de la Constitución que implica que el Estado apoya preferentemente el Desarrollo Agrario.

Y tercero, incluye que el Estado priorice a través del Banco de Desarrollo del Perú (Cofide) diversos proyectos en el Sector Agrario y de Riego para la obtención de líneas de crédito necesarias para el desarrollo del sector, los cuales se utilizarán en el apoyo de la estructuración de proyectos de inversión y formulación de programas productivos de gran impacto, así como para gerencia, asistencia técnica y administración de riesgos.

Opinión

Milton Von Hesse, exministro de Agricultura

“Encargar a Cofide a conseguir financiamiento para el sector agrícola me suena a subsidios directos e incluso si fuera para capital de trabajo, el retorno sería bastante bajo. No creo que exista necesidad de hacerlo cuando el Midagri ya cuenta con otros programas de financiamiento para el productor pequeño como el fondo AgroPerú porque el agro empresarial no está en la agenda del actual gobierno.

Respecto a crear un fideicomiso, en la práctica es crear un impuesto encubierto para el sector agroexportador, minería y sector energético. Le están cargando el costo de una política asistencialista al sector privado. Esta propuesta, finalmente, no ataca el problema de fondo que es mejorar los rendimientos en la agricultura. Para ello, la ruta es insistir en profundizar los temas de titulación de tierras, expandir las inversiones sobre riego para los agricultores altoandinos, fomentar la asociatividad así como la integración entre el pequeño y gran productor”.