Red Dorsal
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El presentó en un extenso informe su propuesta de ajuste tarifario para la Red Dorsal de Fibra Óptica (RDFO), a pedido del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC).

En la misma plantea cuatro alternativas que serán discutidas en la próxima audiencia pública a desarrollarse el 19 de diciembre y que podrían evaluarse como alternativas en la revisión del contrato de concesión que tiene el Estado con

PROPUESTAS DE OSIPTEL
La primera alternativa del regulador y la que recomienda es mantener la actual tarifa de US$ 23 por Mbps (más IGV alcanza los US$ 27) con Azteca Comunicaciones en las zonas donde no exista competencia, mientras que en las zonas donde exista competencia, la tarifa baje a US$ 15. (Ver cuadro)

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“Para nosotros está es una propuesta idónea debido a que le permite a Azteca ser competitivos con lo cual no se ve forzado a reducir y perder márgenes y en zonas donde no hay competencia, le permitirá hacer una oferta comercial más flexible como descuentos por cantidad, tramos u otros escenarios”, explicó a Gestión.pe el subgerente de regulación del , Lenin Quiso.

El especialista detalló que el criterio para seleccionar la mejor alternativa es minimizar los pagos que haga el Estado debido a que garantiza un nivel de ingresos a la empresa, de acuerdo al contrato concesión suscrita bajo la modalidad de APP.

“Ocurre que si lo ingresos son muy bajos, el Estado tiene que compensar la diferencia”, advirtió. Para el regulador la ventaja de esta propuesta es que permite incrementar el tráfico de la RDFO sin castigar el margen que tiene la empresa en zonas donde la tarifa de US$ 23 es competitiva.

“En concreto genera mayor tráfico y un mejor impacto en los ingresos, por lo que el Estado ya no tendría que compensar a la empresa”, apuntó.

La segunda alternativa es la reducción de la tarifa única de US$ 23 a US$ 15 por Mbps para incrementar así la demanda de la RDFO. Para el especialista de con esta alternativa se corre el riesgo de reducir los ingresos de la empresa con lo con el cual el Estado tendría que compensar la diferencia.

“Al bajar uniformemente en todos los distritos (en los que está Azteca) a US$ 15 por Mbps ganarían margen porque accederías a ciertos distritos, pero perdería también en distritos que actualmente la tarifa de US$ 23 si es competitiva. En concreto, traería un incremento en el tráfico, pero puede generar una reducción global de los ingresos”, advirtió.

La tercera alternativa del regulador es la posibilidad de establecer una empresa comercializadora para que se encargue únicamente de comercializar el servicio y que tome a Azteca Comunicaciones como el suministrador de la RDFO.

“La empresa se encargaría de toda la parte comercial y de ajustar la oferta comercial a la demanda del mercado, lo que ganaría este comercializador sería un margen sobre los ingresos que percibe”, explicó.

Para el con esta propuesta se podría corregir uno de los defectos que tiene el contrato de concesión suscrito con Azteca Comunicaciones, que es la ausencia de incentivos de ventas.

“Como la empresa tiene ingresos garantizados, el nivel de esfuerzo que pueda realizar (para lograr más ventas) no va ser el más óptimo. Tanto en la propuesta uno como en la dos este factor no se está considerando aunque se espera que esta variable mejore, pero con esta alternativa este defecto se corregiría. Con esta propuesta se podría mejor el nivel de tráfico e ingresos, pero demandaría un nuevo concurso para elegir a la empresa comercializadora lo que tomaría mucho tiempo”, explicó.

La cuarta alternativa del regulador es la de revertir el proyecto al Estado, con el propósito de volverlo a licitar. “La idea de está es modificar el contrato, pagar una compensación a la empresa y volver a licitar el proyecto con determinadas reglas que garanticen niveles de ingresos adecuados y que se corrijan todos los problemas identificados”, indicó.

Sin embargo, para el ejecutivo esta última alternativa es bastante costosa y también demandaría tiempo, por lo que tampoco sería recomendable. El remarcó que estas propuestas serán debatidas en audiencia pública, prevista para el 19 de diciembre.

El paso siguiente será la elaboración de un informe final, que será entregado al MTC, que será quien finalmente tome una decisión sobre el contrato suscrito con , que deberá concretarse el próximo año.