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PwC: Estado podrá actuar en casos de corrupción en ámbito privado solo ante denuncias

Decreto legislativo no especifica formas de fiscalización ni menciona implementación de reglamentos según Nancy Yong, socia de PwC.

Corrupción

Ejecutivo emitirá otra norma que especifica y regula la gestión de intereses, conocido como lobby. (Foto: Agencia Andina)

Ejecutivo emitirá otra norma que especifica y regula la gestión de intereses, conocido como lobby. (Foto: Agencia Andina)

El gobierno publicó ayer un decreto legislativo que modifica el Código Penal e incluye la sanción penal en los actos de corrupción cometidos entre agentes del sector privado.

Dichas sanciones comprenden a los socios, accionistas, gerentes, directores, administradores, representantes legales, apoderados, empelados o asesores de una empresa, organización no gubernamental, asociación, fundación, comité y entes no inscritos o sociedades irregulares.

Los casos se darán si es que se comprueba que directa o indirectamente se acepta, recibe o solicita un donativo, promesa o cualquier otra ventaja en beneficio indebido de cualquier naturaleza.

Estos actos comprendidos en el DL 1385 serán reprimidos con pena privativa de libertad no mayor de cuatro años e inhabilitación conforme al artículo 36 del Código Penal, con 180 a 365 días-multa.

Sin embargo, ¿hay forma de cumplir cabalmente con la norma anticorrupción? Para la socia de PwC, Nancy Yong, es complicado ya que el DL no especifica formas de fiscalización.

“El Estado tendría que actuar como respuesta a una denuncia, ya que el DL no especifica que el gobierno irá a fiscalizar ni menciona que esté en proceso la implementación de un reglamento para este punto”, comentó a gestión.pe.

“Cualquier persona que considere que alguno de estos temas está manifestándose, puede recurrir al ámbito penal para judicializar a la persona natural. Sin embargo, para poder involucrar a la persona jurídica se necesitaría que la persona involucrada señale a la persona jurídica como un beneficiario de sus acciones”, añadió.

Las actividades más sensibles a estos casos, explicó, son las vinculadas con logística, compra y venta, y gestión comercial en general.

“Considerando que esas áreas son especialmente sensibles, se debe proteger a las personas a cargo y a la organización, ya que si no tengo protocolos adecuados podría caer en uno de estos temas”, precisó.

Mejoras
La especialista señaló que podría, como en el caso del DL 1352, ampliarse la responsabilidad administrativa para afectar a la persona jurídica ya que la norma está en el marco de las personas naturales así como está establecida.

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