Comisión Permanente. (Foto: Congreso/Difusión)
Comisión Permanente. (Foto: Congreso/Difusión)

Las comisiones de Economía y Justicia podrían llegar hoy a un consenso y aprobar el proyecto de ley N° 2408, que busca garantizar la reparación civil, incentivar la colaboración eficaz y permitir la continuidad de las obras; y que reemplazará al Decreto de Urgencia (DU) 003-2017, que se prorrogó hasta el 13 de marzo.

Inicialmente, las diferentes bancadas se mostraron en contra de aprobar la propuesta del Ejecutivo –presentada en febrero– sin un debate previo. Por ello, durante el receso parlamentario se discutió.
Ahora que se reanuda la legislatura ordinaria las bancadas de Alianza para el Progreso, Apra, e -incluso- Fuerza Popular se han mostrado más dispuestas a aprobar el proyecto de ley siempre y cuando se sumen sus sugerencias.

Milagros Salazar, vocera alterna de Fuerza Popular, indicó que espera se apruebe un dictamen –que adicione las modificaciones presentadas por los congresistas– para que sea votado en la sesión conjunta de las comisiones y enviado al pleno.

“Ha sido saludable este tiempo para que se pueda socializar bien (el proyecto), se pueda entender y que las fuerzas políticas den sus aportes. Lo que toca es que se ponga en comisión, votarlo y ponerlo al pleno. Esto ya no puede esperar, estamos paralizados como país ”, dijo.

Por su parte, Víctor Andrés García Belaunde, congresista de Acción Popular, indicó que para que se llegue a un consenso antes del 13 de marzo, el Gobierno no puede pretender que “el ciudadano de a pie pague la corrupción para no romper una cadena de pagos de empresas corruptas (y otras investigadas)”.

En tanto, César Villanueva, de Alianza para el Progreso, declaró que van a apoyar la propuesta porque “no se puede seguir con un vacío legal de esta naturaleza”. “Estamos dispuestos a acelerar todo lo que se pueda y a consensuar con los otros colegas de las otras bancadas”, anotó.

El Apra adelantó que votará a favor de la aprobación del proyecto de ley N° 2408 ya que se han introducidos cambios que lo hacen viable, aseguró el congresista Mauricio Mulder.

El plan alternativo
El congresista de Fuerza Popular, Miguel Torres, adelantó que el debate de hoy se centrará en la cuestión de fondo del proyecto de ley, que se resume en otorgar o no un salvataje a las empresas involucradas en actos de corrupción, o existe otra medida como acciones del Poder Judicial.

Torres no adelantó opinión sobre la posibilidad de la aprobación de un predictamen, ya que ello dependerá del consenso al que se llegue. No obstante, dijo que existen otras alternativas para viabilizar una solución al contexto económico.

Explicó que ante una eventual falta de consenso sobre la aprobación de un dictamen, el Congreso podría autorizar una delegación de facultades si el Ejecutivo lo solicita, que podría ser más eficiente.

“Con todo lo avanzado se podría hacer una delegación acotada con estas características, para luego tener una revisión sobre la constitucionalidad de estas medidas”, anotó.

Otra alternativa podría ser que el Ejecutivo regule las materias económicas mediante un decreto de urgencia (para la creación de un fideicomiso y otros), y que las materias tributarias y de modificación del Código Penal (colaboración eficaz), se discutan con mayor profundidad en el Congreso.

“Existe la voluntad política porque el tema es importantísimo. Sin embargo, no se puede permitir una presión para tomar una decisión apurada y sin la necesaria discusión de la decisión política del tema”, resaltó.

Evitar impacto económico
La ministra de Economía, Claudia Cooper, advirtió que es necesaria la aprobación del proyecto de ley para poder alcanzar la proyección de crecimiento del PBI en 4%. Y subrayó que no van a prorrogar la vigencia del DU 003 una vez más.

El sector construcción, explicó, es el más intensivo en la contratación de mano de obra y está sufriendo una crisis por el tema de corrupción, detalló. Indicó que se estarían afectando al menos 252 proyectos que ya están en etapa de ejecución por alguna de las empresas investigadas por la Fiscalía.

El proyecto de ley busca cautelar la reparación civil a favor del Estado, que solo se podrá recaudar en la medida que los flujos se restituyan, dijo. Lo otro es garantizar la continuidad de los proyectos y lograr una colaboración eficaz.

“Las empresas deben tener un castigo, lo que no podemos hacer es quebrarlas. Estamos afectando más a la sociedad que a las empresas, eso es algo en lo que tenemos que pensar”, remarcó.

Cartas fianzas de constructoras estarían por vencerse

Según supo Gestión, el plazo de las cartas fianzas –garantía para la ejecución de proyectos– de algunas empresas constructoras (investigadas hoy por corrupción) estarían por vencerse pronto, en un contexto donde no existe todavía un marco legal que asegure la continuidad de los proyectos de inversión.

Esto podría llevar a que las entidades financieras opten por no renovar estas cartas dado que el escenario aún no está claro para las compañías investigadas.