El proyecto de Ley que promueve la actividad empresarial del Estado, presentado por la bancada de Acción Popular – Frente Amplio, propone atraer inversión privada a las empresas del Estado pero impidiendo que los inversionistas puedan tener control sobre las actividades a realizarse o los servicios a prestarse, señaló Andrea Cadenas, asociada del estudio Bullard Falla Ezcurra +.

Agregó que la iniciativa pretende garantizar el carácter público de empresas como Sedapal, Electroperú, Petroperú, Enapu, entre otras, excluyendo la posibilidad de que éstas sean objeto de algún proceso de promoción de la inversión privada (venta, concesión u otros).

"Para alcanzar sus objetivos, el proyecto propone la formación de "Asociaciones Estratégicas" que permitan a las empresas públicas convocar inversiones públicas (de gobierno regionales y municipalidades) y capital privado pero sin desnaturalizar su carácter público", anotó.

La abogada explicó que la "idoneidad" de esta propuesta estaría sustentada en que las normas que promueven la participación privada en la prestación de servicios públicos y que han permitido la modernización de la infraestructura en puertos, aeropuertos, telecomunicaciones y otros, habrían ocasionado una "fragmentación de las empresas públicas".

A su vez, esta fragmentación habría ocasionado que se desmantele indiscriminadamente la actividad empresarial del Estado, lo que solo "ha traído perjuicio para el país".

"Además se señala que si bien la participación del Estado puede tener un rol subsidiario, esta presencia es irrenunciable en aquellas áreas estratégicas del desarrollo nacional", subrayó Cadenas.

La especialista puntualizó que el proyecto de ley no toma en cuenta que el Decreto Legislativo N° 1012 ya contiene reglas e incentivos para que los privados se asocien con el Estado, a través de Asociaciones Público Privadas (APP), y asuman la inversión y el riesgo de construir y operar una infraestructura por un número determinado de años para luego ser transferida al propio Estado.

"Medidas como las planteadas por el proyecto de ley implicaría una violación al rol subsidiario de la actividad empresarial del Estado y a su deber de promover las inversiones privadas para garantizar la provisión eficiente de servicios públicos, y ciertamente supondrían un retroceso sobre los logros en la economía peruana", refirió.

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