PMO, la apuesta para apuntalar el crecimiento del PBI en los próximos años

El éxito de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019 ha motivado al Ejecutivo a replicar algunas de las herramientas utilizadas para dinamizar la inversión pública, que se traduciría en un motor para el crecimiento de la actividad económica de forma sostenida.

El gobierno de Martín Vizcarra ha anunciado que apostará por la incorporación de las oficinas de gestión de proyectos (PMO, por sus siglas en inglés) en las futuras obras públicas.

La consultora Deloitte describe estas oficinas como aquellas que buscan “definir y mantener estándares en la gestión de proyectos, con la intención de asegurar el cumplimiento de los objetivos de los mismos”. Para ello, las obras públicas contratan a profesionales privados especializados en gestión pública.

Por ejemplo, en el caso de las Panamericanos, el presupuesto destinado inicialmente fue de S/ 4,300 millones, según se estimó hace poco más de cinco años. Sin embargo, con la inclusión de una PMO, la inversión final para el evento deportivo ascendió a S/ 4,000 millones durante los dos años de gestión de Carlos Neuhaus, presidente de la Comisión Organizadora de los XVII Juegos Deportivos Panamericanos (Copal).

En el Reino Unido, las PMO son utilizadas para el mantenimiento de los ferrocarriles o el desarrollo de nuevas vías de transporte. Panamá contrató estas oficinas cuando decidió expandir su canal; mientras que en Chile fueron usadas para el rescate en tiempo récord de los 33 mineros que quedaron atrapados.

Los resultados son palpables. La receta para el éxito en cada una de las situaciones tuvo como ingredientes a un líder, una meta y visión clara, y un adecuado manejo de los recursos bajo los nuevos modelos de gestión que brinda una PMO.

De cara al Bicentenario, el Ejecutivo tiene un gran reto que se ha planteado a sí mismo y es cerrar las brechas de infraestructura mediante la ayuda de estas oficinas como parte de sus nuevas políticas. Y el modelo de las PMO puede ser una herramienta potente para apuntalar el avance de la inversión pública.

¿Positivo o negativo? ​

Si bien los resultados que ofrece una oficina de gestión de proyectos son evidentes y podría convertirse en un nuevo motor del crecimiento de la inversión pública, expertos advierten que el Gobierno no debe cometer el error de confiarlo todo al ámbito privado, debido a su poca experiencia en gestión pública.

Gonzalo Prialé, ex presidente de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), sugiere que se debe aprovechar la labor de las PMO para formar funcionarios de primer nivel en gestión pública.

“Al lado de la PMO se podría armar un equipo de funcionarios que recoja toda la experiencia posible y se forme en el proceso”, apunta.

Una opinión similar tiene Omar Narrea, profesor de la escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico (UP): si bien las PMO pueden elevar los estándares en la industria de la construcción, ello requiere un acompañamiento del Estado para sacar provecho de la experiencia técnica, sin interferir en las labores de las oficinas.

“Las PMO podrían elevar el nivel de los profesionales con los que cuenta el país. Es un buen camino porque está mejorando el repertorio técnico de los actores vinculados. La idea es aprender de ellos”, sostiene.

Dado el perfil altamente especializado de las oficinas de gestión de proyectos, podría llegar a ser complejo incorporarlas a todo tipo de proyectos. En opinión del experto, el Gobierno podría apuntar a contratarlas en sectores esenciales como transportes, infraestructura, vivienda, saneamiento, entre otros.

A su turno, David Chigne, gerente de Asesoría Financiera en Infraestructura y Proyectos de Capital de Deloitte, advierte que una PMO sin un equipo altamente capacitado y un marco de gobierno que le permita operar y un modelo de contrato adecuado, podría no tener el mismo éxito de Lima 2019.

“Existen características únicas que se presentaron en los Panamericanos, que puede ser complicado que se presenten para otros proyectos (visibilidad, ubicación, importancia a nivel de país, entre otros)”, advierte Chigne.

Para el vocero de Deloitte, se requiere de un marco de Gobierno que permita operar a las PMO, “un modelo de contrato adecuado y un equipo altamente capacitado, liderado por profesionales que no solo cuenten con un conocimiento técnico especializado en gestión de proyectos, sino un componente importante de habilidades blandas”.

Narrea coincide en que no se debe perder de vista el potencial de dichas habilidades como el liderazgo ya que, a fin de cuentas, las PMO son solo “una herramienta más” en el proceso de aceleración de la inversión pública.

Los expertos sostienen también que se deberá tener especial cuidado con el modelo de ejecución de una obra pública (asociaciones público-privadas, obras por impuestos, entre otros).

En el caso de los Panamericanos, el Gobierno decidió apostar por un acuerdo de gobierno a gobierno con el Reino Unido para el desarrollo del evento. Pese a no ser algo malo, no es la línea que se debería seguir, ya que añadiría costos innecesarios al presupuesto final, según Prialé.

El gasto final reportado por la Copal tras el convenio suscrito con el país europeo requirió una inversión de más de S/ 210 millones, en donde se incluye la contratación de la PMO. Debido a su alto costo, contar con este tipo de oficinas supondrá una mayor demanda de recursos.

Pasos del Gobierno

El ministro de Economía y Finanzas, Carlos Oliva, anunció que el Gobierno incorporará como política pública el uso de las PMO para futuras obras importantes. Algunas de estas se encuentran en el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad, elaborado en el marco de la Política Nacional de Competitividad y Productividad, con el que se pretende convertir al Perú en un mejor país a través del desarrollo de ejes prioritarios (infraestructura, capital humano, mercado laboral, etc.).

Para el desarrollo de las 52 obras que abarca el plan, el Gobierno destinará S/ 99,000 millones para que se concluya el 95% de los proyectos hacia 2025. Destacan Chavimochic III, Majes-Siguas II, la Línea 2 del Metro de Lima y la ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

El MEF estima que el conjunto de estas nuevas políticas públicas genere un aporte al crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) de un punto porcentual para el próximo año y 1.5 puntos porcentuales hacia el Bicentenario.

Sin embargo, dar un marco normativo adecuado para el correcto funcionamiento de las PMO que a su vez acelere la inversión pública podría generar un aporte de hasta 2 puntos porcentuales al crecimiento del PBI, según Prialé.

Considera, además, que podría lograrse un crecimiento sostenido de la mano de las PMO, pero habrá que tener especial cuidado con el marco legal vigente o el que adecue el Gobierno.

En ese sentido, el gobierno de Vizcarra ya ha emitido algunas leyes y está desarrollando el marco normativo restante, como el reciente Decreto Supremo Nº 288-2019-EF que señala que la contratación de consultorías para proyectos que operen con las PMO solo será permitido si superan los S/ 200 millones.

Tareas pendientes ​

El programa “Reconstrucción con Cambios” que finalizará en el 2021 no ha logrado los avances esperados y ello se debería a la “atomización” del gasto público, en opinión del ex presidente de AFIN.

Hay una reducción en el monto ejecutado cuando los gobiernos subnacionales (regionales y locales) reciben los recursos ante el cambio de autoridades o la inexperiencia en gestión pública de los nuevos funcionarios.

De enero a agosto de este año, la inversión pública en la regiones anota un retroceso de 2.33% mientras que en el caso de las municipalidades la cifra ha caído 16.80%.

Es en estos caso donde las PMO podrían entrar a tallar, trabajando con macrorregiones (norte, centro y sur) y apoyadas en leyes elaboradas por el Ejecutivo que permitan que las futuras obras importantes como las de reconstrucción o infraestructura permitan la inserción de gerencias privadas, tal como explica Prialé.

Ante ello, para evitar posibles conflictos, será primordial el diálogo que pueda establecer el Gobierno central con las autoridades de gobiernos subnacionales.