Plantean se facilite pago de facturas eléctricas de industrias paralizadas

Si bien la mayor parte de la actividad manufacturera –salvo la industria de alimentos- está paralizada para evitar la propagación del Covid-19, y por ende ha suspendido su consumo eléctrico, igual las empresas industriales tendrán que pagar cuanto menos el 40% de su facturación por ese servicio, por lo que se requiere medidas de parte del Ejecutivo, para evitar se afecten aún más.

Esta es la observación que hizo Rafael Laca, experto en temas energéticos y consultor de Elemix, que planteó medidas para flexibilizar en este periodo de emergencia -ahora extendido hasta el 12 de abril-, el pago de las facturas eléctricas del sector industrial, particularmente de las pequeñas y medianas empresas industriales, que son las que se están viendo más afectadas por la paralización de sus actividades.

Explicó que, a diferencia de los usuarios domésticos regulados, que sólo pagan la energía consumida, los usuarios industriales y comerciales regulados –que consumen a partir de 50 kilovatios- deben pagar, además de su consumo, un costo fijo, por concepto de pago de potencia, que equivale a un aproximado del 40% de la facturación del servicio eléctrico.

Eso significa que, así no consuman energía en este periodo de cuarentena, deben pagar por el concepto de potencia (que es el que remunera a las empresas del sector eléctrico por las inversiones que realizan en su actividad) anotó el especialista.

Recordó que el consumo de usuarios domésticos representa un 20% de la demanda nacional de electricidad, mientras que la mayor parte de la demanda de esa energía corresponde al sector productivo, comercios, industrias, empresas mineras, etc.

Por ello, planteó que el Ministerio de Energía y Minas (Minem), que establezca una negociación con las empresas concesionarias de la distribución eléctrica en Lima, Callao, e Ica (donde ese servicio es privado), que permita que esas concesionarias puedan aplicar esquemas de prorrateo del pago de las facturas eléctricas a pequeñas y medianas empresas, pues éste es un tema que no está regulado.

Asimismo, Laca planteó que en el caso de consumidores en el interior del país, y donde operan no concesionarias privadas, sino empresas distribuidoras del Estado (pertenecientes al Grupo Distriluz), sean esas empresas públicas las que apliquen flexibilidades a las Pymes, así como a los consumidores domésticos, para el pago prorrateado de sus facturas eléctricas.

Remarcó que ya existe un antecedente de que las empresas públicas pueden asumir el prorrateo en el pago de servicios públicos básicos ante situaciones de emergencia como las que enfrenta el país actualmente, como es el caso de Sedapal, que prorrateará la factura correspondiente al mes de abril.