Redacción Gestión

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Los primeros 100 días son claves para sentar las bases de una nueva dinámica, para inyectar un shock de confianza que busque recuperar un Estado que garantice la seguridad, que esté comprometido con impulsar el crecimiento, que fortalezca las instituciones y que, sobre todo, mire hacia adelante con firmeza y convicción, señala la Sociedad de Comercio Exterior del Perú () en el editorial de su último semanario.

Agrega además que, el sector comercio exterior tiene una serie de reformas pendientes y urgentes, como son el impulso a la exportación de servicios, la facilitación del comercio a través de una modernización de las agencias sanitarias (Digesa, Senasa, Digemid, entre otras), la inyección de eficiencia en la cadena logística de comercio exterior para eliminar sobrecostos logísticos y portuarios, la creación de una Zona Logística Aduanera, el impulso al sector turismo con una visión moderna como dinamizador de las regiones y gran generador de divisas, el impulso a la ampliación del acceso a nuevos mercados, la ratificación del y la conclusión de acuerdos como los de Turquía e India.

"Pero, especialmente, se requiere un Estado facilitador, que cambie su cultura hacia una de servicio, eficiencia y promoción de los negocios y el comercio exterior, así como que elimine la regulación excesiva y hasta absurda. Desde esta tribuna, estaremos listos con propuestas a disposición del Estado", precisa.

Por ello, agrega que mientras que la mayoría de las economías en el mundo apuntan a liberalizar el comercio de servicios, el cual representa un 22% del comercio internacional, en nuestro país tal parece que vamos en sentido contrario. Y es que si bien se vienen dando pasos para impulsar la oferta exportable de servicios, el sector se encuentra atado de pies y manos, precisamente por el propio Estado.

En 2011, como herencia del Gobierno anterior, la actual administración promulgó la Ley N.° 29646, Ley de Fomento al Comercio Exterior de Servicios, la cual contenía importantes aspectos para la facilitación de la exportación de servicios, en plena concordancia con el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) de la Organización Mundial del Comercio.

"Sin embargo, esta nunca se aplicó plenamente, debido a la posterior emisión de dos decretos legislativos que anularon toda posibilidad de contar con una normativa para el impulso del sector".

Por ello, gran ovación generó que, en mayo último, el Pleno del Congreso aprobara el Proyecto de Ley N.º 4286/2014-CR, el cual tiene por finalidad restituir plenamente los efectos de la referida Ley N.º 29646, para beneplácito del sector público y privado relacionado directamente con el rubro de exportación de servicios.

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Sin embargo, días después de que doce gremios empresariales expusieron sobre la importancia de que el Ejecutivo promulgue la mencionada ley, para así modificar la regulación vigente que restringe el desarrollo y crecimiento de las , el Gobierno, a través del Ministerio de Economía y Finanzas y del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), ha salido públicamente con opiniones contrarias a la ley, con lo que desconoce y hasta minimiza la problemática que enfrenta el sector de servicios, lo cual resulta absurdo. ¿Es que acaso el peor enemigo de un peruano es otro peruano?

Si bien existen otros factores que ayudarían a dinamizar las exportaciones peruanas de servicios, como la inversión en infraestructura y una adecuada política de promoción de nuestro país como destino turístico, lo que bien reconoce el , resulta de vital importancia levantar las barreras que actualmente le restan competitividad al sector, así como exonerar del pago del IGV a las exportaciones de servicios peruanas. Esto potenciaría su oferta colocándolas en iguales o mejores condiciones que en países de la región y del mundo.

Debe quedar claro que por más que se diseñen planes como el Plan Estratégico Nacional de Exportación-PENX (cuya meta hacia 2025 para la exportación de servicios es de US$ 18,000 millones), el Plan Estratégico Regional de Exportación-PERX o el Plan Estratégico Nacional de Turismo (PenTur), estos tendrán un impacto limitado si la regulación interna constituye una barrera.