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No tolerará la ‘rebeldía’ de las operadoras móviles. Rafael Muente, presidente del Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), calificó de ‘inaceptable’ el accionar de las operadoras móviles que insisten en comercializar chips de manera ambulatoria, pese a que está prohibido y que –incluso– se interpuso una medida cautelar para impedir esta práctica.
A inicios de mes, al menos tres operadoras (Entel, Bitel y Claro) emitieron un comunicado conjunto en la que invocaron a convocar a una mesa de trabajo grupal para la implementación de cuatro acciones para continuar con la venta ambulatoria de chips (como exigir la huella del vendedor responsable de la venta; limitar la venta de chips en la vía pública a una línea por mes; mejorar el proceso de entrega de información y exigir sanciones a personas identificadas como promotores del fraude).
Asimismo, las empresas aseguraron que esta medida (prohibir la venta ambulante de chips) tendría un impacto a más de 30,000 emprendedores que se dedican a esta actividad. “Por menos del 1% de personas inescrupulosas, se dejaría sin empleo al 99% restante, y se generaría una barrera burocrática ilegal e irracional”, alegaron las compañías.
Pese a esta posición, el regulador aseguró que este canal de ventas “nos es indispensable para el mercado”.
“El plantear que se requiere la venta ambulatoria para que el mercado siga creciendo, para mi es una afirmación que no está demostrada. Más bien en el análisis costos/beneficios (la venta ambulatoria de chips) genera más riesgos a la sociedad que beneficios dado que existen suficientes canales de comercializacion que son muy ágiles y muy a la mano de la gente como para adquirir líneas”, aseguró en diálogo con Gestión.
En ese sentido, Muente puntualizó que para el regulador es sumamente difícil fiscalizar este canal de ventas, a lo que se suma que el usuario que compra un chip en la calle, no está 100% informado de las formas de contratación ni de las condiciones del mismo.
¿Con esta medida se trataría de beneficiar a Telefónica, tomando en cuenta que no participó del comunicado conjunto? Sobre el particular, dijo que no está a favor de ninguna operadora, pero –que a diferencia de las otras tres empresas que suscribieron el comunicado– Telefónica se mostró de acuerdo con la medida y su disposición de acatar la norma de condiciones de uso que establece la eliminación de la venta ambulatoria de chips.
“No estamos a favor de alguna operadora, tanto así que cuando hemos ido a supervisar, encontramos también a gente Telefónica vendiendo chips en la calle y también le caerá su sanción. Es muy difícil disciplinar a un canal de ventas como el ambulatorio”, subrayó.
-La sanción a imponerse-
El presidente del Osiptel comentó que tras el incumplimiento de las cuatro operadoras móviles, se emitió una medida cautelar que debe ser cumplida. De no ser acatada y las operadoras continúen vendiendo chips en la calle, se emitirá otro procedimiento sancionador por incumplimiento de una medida cautelar, que es casi una rebeldía a la autoridad.
“Ahí estamos jugando el principio de autoridad. Mi preocupación viene por el hecho de que si mañana una empresa está en desacuerdo -por ejemplo- con el cargo de interconexión, pese a ser una disposición de la autoridad, decide simplemente no acatarla lo que es bien grave. En el comunicado se menciona ‘convocar a una mesa de trabajo’, lo que es ignorar que el Osiptel es la única autoridad competente para establecer esto. Ese tipo de cosas son inaceptables”, remarcó.
“Lo que estamos jugando aquí es la institucionalidad del sector. No podemos informalizar el sector de tal modo que las empresas decidan por su cuenta lo que quieren acatar y lo que no. Bajo esa perspectiva, para nosotros es importante que se discipline al sector ya que es inevitable que una decisión beneficio a unos y perjudique a otros, pero si vamos a decir que como no me gusta, voy a buscar a otra autoridad, eso no se puede hacer. Las condiciones de uso fueron materia de discusión de los operadores, no es medida nueva”, argumentó.
Ante ese panorama, Muente remarcó que si ‘continúa la rebeldía’ existen medios legales para imponer sanciones más drásticas como las multas coercitivas. “Se sanciona tantas veces que sean necesarias hasta que cumplan”, dijo.
Así, la multa a imponerse a las cuatro operadoras de demostrarse que siguen vendiendo chips en la calle pese a la medida cautelar –que está tipificada como muy grave– puede ser para cada uno de hasta 350 UIT (S/ 1´505,000).