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Osinfor detectó madera ilegal por S/ 1,000 millones en últimos diez años

Madera fue extraída en zonas no autorizadas aunque utilizando títulos habilitantes, explicó el gerente del Osinfor, Lenin Gallardo. Al menos la tercera parte de madera ilegal detectada es extraída de territorios de comunidades nativas.

Tala ilegal

Tala ilegal

(Foto: El Comercio)

(Foto: GEC)

La tala ilegal es un negocio millonario que incrementa peligrosamente la deforestación y está afectando las relaciones comerciales entre los Estados Unidos y el Perú. En por lo menos S/ 1000 millones están valorizados los 2.6 millones de metros cúbicos de madera extraída ilegalmente en el Perú desde el 2009 hasta el 2018, que ha sido detectada y sancionada por el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales (Osinfor) desde el inicio de sus funciones.

De esa manera el organismo respondió al informe “El justiciero forestal” , elaborado recientemente por la ONG Global Witness, según el cual la tala ilegal en la Amazonía peruana mueve US$ 112 millones al año.

Además, el Osinfor indicó que, según su propio Sistema de Información Gerencial (SIGO), el 66% de la madera supervisada durante sus 10 años de funcionamiento tuvo origen ilegal.

Aunque el Osinfor es el principal organismo responsable de combatir la tala ilegal en el Perú, no supervisa y/o fiscaliza todos los bosques del país, sino solo aquellos que cuentan con una concesión, permiso o autorización de la respectiva Autoridad Regional Forestal.  Es así que debe velar por el cumplimiento de los títulos habilitantes y de los planes de manejo que esta emita.

Modalidades de tala ilegal

El gerente general del organismo, Lenin Gallardo Camacho, explicó a Gestion.pe que si bien esta madera fue extraída bajo títulos habilitantes, la tala de los árboles se produjo de manera ilegal: bien porque se talaron árboles distintos a los declarados, o por haberse declarado árboles inexistentes para así extraer la madera de una zona no autorizada.

En muchos de los casos, el Osinfor solo puede detectar la ilegalidad del origen de la madera tiempo después de su extracción, debido a que las Autoridades Regionales Forestales (que en algunos casos dependen de los gobiernos regionales y en otros del Serfor) no siempre cumplen con entregarle los planes de manejo forestal. Estos documentos permitirían al Osinfor cotejar oportunamente la extracción efectuada en la propia zona y la declaración incluida en el plan.

Las comunidades como punto débil

Una de las formas más utilizadas por los traficantes de madera para cumplir sus objetivos es estafar a las comunidades nativas, a quienes convencen de firmar contratos para supuestamente extraer madera de sus zonas autorizadas. La estafa se concreta cuando los traficantes talan árboles en lugares distintos a los señalados en los títulos habilitantes de la comunidad (recurriendo a cualquiera de las dos modalidades ya señaladas). Por esta razón, las comunidades han sido multadas por unos S/ 50’000,000.

“Las comunidades son muy vulnerables para este tipo de irregularidades. El costo de extraer madera no es barato y por ello las comunidades necesitan de inversores y muchas veces por ello son engañadas y la sanción finalmente se aplica a las comunidades”, explicó Gallardo.

Según el funcionario del Osinfor, los contratos firmados por comunidades son utilizados de forma muy recurrente para extraer madera ilegalmente. Entre el 2015 y el 2018, cerca de la tercera parte del volumen detectado de madera ilegal fue extraído de territorio de las comunidades nativas: 501,000 de 1’825,691 metros cúbicos.

Para no perjudicarse económicamente, las comunidades pueden cancelar sus multas mediante dos fórmulas dispuestas por el Osinfor: la conservación de bosques y la recuperación de áreas degradadas (donde no hay bosques) por un periodo de cinco años. Es así que 36 comunidades ya se han comprometido a saldar S/ 6’000,000 en multas.

En la década que lleva operando el Osinfor, señala la ONG Global Witness en su último informe, se ha convertido en “una institución pionera a nivel mundial en la lucha contra los delitos forestales”. Sin embargo, considera que su independencia institucional está siendo amenazada con el reciente traslado de su adscripción de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) al Ministerio del Ambiente (Minam) .

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