A fines de abril de este año, en plena emergencia sanitaria, el Ministerio de Energía y Minas emitió un decreto supremo mediante el cual excluyó al Gas Licuado de Petróleo (GLP) y al diésel del Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles (FEPC), un mecanismo creado para darle mayor estabilidad al precio de los combustibles derivados del petróleo en el cual el GLP estuvo durante muchos años, a pesar de las críticas por su inclusión.
Con esta salida, una de las reacciones esperadas por diversas autoridades, entre ellas la ministra de Economía, era que el precio del balón de gas doméstico que utilizan la familia registre una disminución importante. Sin embargo, la realidad parece no haber acompañado a las expectativas iniciales.
En diálogo con Antonio Angulo, presidente encargado del Osinergmin, manifestó que, a casi tres meses de la medida, la percepción es que el precio del balón de gas no bajó lo esperado. Angulo manifestó que en el regulador la expectativa era que el precio se reduzca al menos en un 10%. Sin embargo, el precio habría caído solo cerca del 5% de lo habitual.
“Inicialmente no bajó mucho. Bajó muy poco. Inclusive mandamos cartas (...) para pedirles que reaccionen porque el precio ha bajado. Sin embargo, nos dijeron que habían comprado el gas más caro y que, una vez terminado, iban a comprar gas más barato y se iban a bajar los precios. Ha bajado un poco, pero de todas maneras no es lo que nosotros esperábamos que baje cuando le pedimos al Ministerio de Energía y Minas que saque este combustible del Fondo de Estabilización de Combustibles. Nosotros calculamos que debería haber bajado en un 10%, pero ha bajado mucho menos, quizás un 5%”, dijo Angulo a Gestión.pe.
Esto, manifestó, ocurre porque la comercialización del gas domiciliario en balones, que se rige por el libre mercado, tiene a diferentes actores en la cadena, los cuales no habría cumplido respectivamente con reducir sus tarifas. Para Angulo, existen zonas en el país de altos ingresos en donde, incluso, la reducción del precio es imperceptible.
“Lo que pasa es que no hay una tarifa fijada administrativamente y el precio del GLP se fija en el mercado, por oferta y demanda. Además, para que el GLP llegue al domicilio, tiene que pasar por una serie de procesos y se cargan precios como el precio del transporte, el precio del fraccionamiento, el precio del barco a Lima, el precio de quien almacena el gas, el precio del camión cisterna. Es una cadena productiva en la que todos tienen que estar concientizados de que tienen que reducir también sus precios si es que baja el precio del GLP. Sin embargo, no todos lo reducen. En las zonas de clase alta, creo que ni siquiera se ha sentido. En cambio, en las zonas de clases vulnerables, la gente está esperando que baje”, sostiene Angulo.
Cambios en los procedimientos para obtener Registro de Hidrocarburos
Angulo también reveló que, tras el lamentable accidente ocurrido en Villa El Salvador con la deflagración de un camión transportador de GNL, el Consejo Directivo aprobó una serie de cambios a los procedimientos para obtener el Registro de Hidrocarburos, autorización que permite la circulación de estos vehículos. Si antes la autorización era automática y con silencio administrativo positivo, ahora la autorización solo se obtiene con evaluación previa de Osinergmin y también tiene silencio administrativo negativo en caso se excedan los plazos.
“El procedimiento del Registro de Hidrocarburos, que era un procedimiento de aprobación automática en el que solo se pedían documentos, se ha ajustado. Existe una norma que integra la ley del procedimiento administrativo general, que era de hace algunos años atrás, que decía que todo registro o licencia debía prever la autorización automática con fiscalización posterior. Se hizo el análisis y se sacó esta inspección para los camiones cisterna de GLP. Nosotros hemos modificado el procedimiento y ahora lo hemos puesto como un procedimiento de evaluación previa con silencio administrativo negativo y hemos incorporado otra vez la inspección técnica”, indicó el presidente encargado de Osinergmin.
Adicional a esto, Angulo manifestó que, tras el accidente ocurrido, se inició un proceso de supervisión obligatoria a todas las unidades transportadoras de GLP a nivel nacional, el cual se interrumpió con la emergencia sanitaria. Sin embargo, este proceso se está retomando y se culminaría en octubre.
“Inmediatamente concluimos con eso, empezamos con la revalidación de los permisos, es decir que presenten todos los documentos nuevamente, como una suerte de reinscripción”, indicó Angulo.
Respecto a la empresa involucrada en la deflagración de Villa El Salvador, Angulo manifestó que se han iniciado 11 medidas administrativas de clausura y 11 procedimientos administrativos sancionadores que, en el peor de los casos, podrían acabar en una cantidad de multas que alcanzarían las 300 UIT.
“Eso es lo que hemos adoptado para que los que hacían este tipo de cosas sepan que no lo pueden volver a hacer”, manifestó.