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A partir del 29 de mayo próximo el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) contará con 27 nuevos procedimientos administrativos y 4 servicios prestados en exclusividad como parte de un nuevo Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA), aprobado el último viernes por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) mediante un Decreto Supremo (DS N° 106 - 2020).
La normativa indica que con la entrada en vigencia de este nuevo TUPA, queda derogado el TUPA de la OSCE que regía desde el año 2016.
En diálogo con Gestión.pe, la asociada de Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría, Ximena Valenzuela, indica que el nuevo TUPA recoge las modificaciones legislativas que ya se habían aprobado en los años previos (del 2016 al 2020) y las cuales disminuyen los requisitos ante el OSCE.
Según explicó, el Estado había aprobado una serie de medidas para analizar la calidad regulatoria de las normas que tienen todas las entidades y sobre todo para simplificar los procesos administrativos, pues a través de la calidad regulatoria lo que busca el Estado es comprobar si estos procedimientos son necesarios y si son amigables para los administrados, a fin de disminuir requisitos, costos y tiempo.
"En este marco del análisis que ha realizado el Estado, el OSCE tenía un informe que contenía observaciones sobre sus procesos administrativos, de manera que el nuevo TUPA recoge procedimientos administrativos, pero simplificados”, explicó.
De este modo, indicó que los 27 procedimientos efectivamente vienen con más ligeros, en tanto los cambios se presentan en los 4 servicios prestados en exclusividad.
Examen de certificación, lo nuevo
Valenzuela indica que en el TUPA del año 2016 existían solo 3 servicios prestados en exclusividad, denominados así porque son servicios que solo el OSCE puede prestar.
En tal sentido, estos tres servicios son: la Emisión de Pronunciamientos sobre elevación de cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y observaciones y/o a las bases integradas; las consultas del sector privado o sociedad civil sobre la normativa de contrataciones del Estado; y las consultas de entidades públicas sobre la normativa de contrataciones del Estado.
Con la nueva norma se añade un nuevo servicio prestado, el cual es un examen de certificación, la cual recae en la Subdirección de Desarrollo de Capacidades en Contrataciones del Estado.
Según dijo, antes el OSCE certificaba a los funcionarios públicos que formen parte del órgano encargado de las contrataciones dentro de cada entidad, pero ahora el OSCE está brindando un servicio más amplio, de manera que ahora está brindando un examen de certificación para que lo pueda tomar cualquier funcionario.
Riesgo en concursos públicos
En cuanto a los servicios que ya existían, el cambio importante se observa en la emisión de pronunciamientos sobre elevación de cuestionamientos, que está a cargo de la Dirección de Gestión Riesgos.
Explicó que este trámite puede iniciarlo la empresa privada, en donde pueden presentar un pronunciamiento para elevar ciertos cuestionamientos a las respuestas que da la entidad cuando se hacen consultas en el marco de un procedimiento de selección.
Indicó que si bien este servicio que da el OSCE ya existía, éste no tenía costo, en tanto la nueva norma lo establece en S/ 1,209, lo cual haría que se dejen de hacer cuestionamientos a determinados proyectos y a su vez, dilatar el periodo de contratación.
Según dijo, en un proceso de selección siempre suelen haber consultas, en este caso los privados pueden no estar de acuerdo con las respuestas y elevan un cuestionamiento para que sea revisado por el OSCE como máximo ente supervisor en la contratación pública.
“Cuando el privado quiera recurrir al OSCE para que revise las respuestas de la entidad, el privado asumirá un costo y este costo también tiene un impacto en el procedimiento, porque en tanto el privado siga cuestionando las respuesta y estas tengas que ser revisadas, esto también alarga los procedimientos de contratación pública, porque se tiene que revisar las bases y ver cuáles son esos cuestionamientos. Entonces al ponerle un costo elevado, se busca que estos procedimientos de contratación no se vean más alargados en el tiempo”, sostuvo.
Detalló que los cuestionamientos que pueden hacer las empresas privadas son sobre los concursos públicos o licitaciones públicas que tienen un monto de inversión elevados y que implican procesos de periodos extensos.