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Las zonas francas son espacios propicios a la proliferación del tráfico de objetos falsificados, pues cuando un país crea una el valor medio de ese tipo de exportaciones ilegales se incrementa allí en 5.9% de media, concluyeron la OCDE y la Oficina de Propiedad Intelectual de la UE (EUIPO).

A esta conclusión llegaron ambos organismos en un informe publicado hoy sobre el impacto de las zonas francas en actividades delictivas como el comercio de productos falsificados, el pirateo y el blanqueo de capitales.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la EUIPO -que tiene su sede en Alicante (sureste de España)- hicieron notar "inequívocas" conexiones.

Estas existen "entre el valor de los productos falsificados exportados por una economía, por un lado, y el número de empresas que operan en zonas francas y el valor total de las exportaciones de tales zonas, por otro", indicaron los autores.

Advirtieron de que las zonas francas "escasamente reguladas" resultan "atractivas" para actividades ilegales y delictivas, ya que "ofrecen un entorno relativamente seguro con unas infraestructuras adecuadas y una supervisión limitada".

Los autores, que no mencionaros los países que las acogen, indicaron que estas zonas pueden resultar beneficiosas en la medida en que atraen inversiones extranjeras, generan empleo y favorecen las exportaciones.

Sin embargo, alertaron que también "tienen un costo" porque sus gobiernos se ven obligados a renunciar a ciertos ingresos, de forma que al final "a menudo no compensan las pérdidas".

Además, añadieron que cuando esas zonas francas son entidades extranjeras, quedan fuera del control y de la supervisión de las autoridades nacionales.

En concreto, en caso de ser gestionadas por entidades privadas, "es probable" que los intereses principales sean lograr la mayor ocupación con la mayor rentabilidad y haya "escaso interés directo o capacidad de llevar a cabo actividades encaminadas a velar por el cumplimiento de la ley".

Por todo eso, la OCDE y EUIPO pidieron "urgentemente" acciones y una coordinación más efectiva en el ámbito nacional e internacional para garantizar que las zonas francas no se vean afectadas por ese tipo de actividades ilícitas.

En un estudio anterior del 2016, ambos organismos habían estimado que el valor de los productos falsificados representaba 338,000 millones de euros anuales y suponía el 2.5% del comercio mundial.

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