Si bien la tasa de del Perú se ha visto impulsada gracias al crecimiento económico experimentado desde la década del 2000 y las políticas dirigidas a los jóvenes más vulnerables, un nuevo informe de la sugiere que el país debería centrarse ahora en mejorar las oportunidades laborales de la juventud subcualificada, que incluye a jóvenes indígenas y afroperuanos.

Como señala el informe , actualmente la tasa de empleo juvenil supera tanto el promedio de la OCDE, como el de muchos países de América Latina, aunque todavía quedan muchos desafíos por superar.

La desigualdad de ingresos es elevada y la pobreza ha aumentado recientemente. El hecho de que una gran parte de la fuerza de trabajo juvenil carezca de las competencias adecuadas y la elevada informalidad dificultan la transición hacia empleos más productivos, mejor remunerados y de mejor calidad para los jóvenes peruanos.

Los jóvenes que han completado la educación terciaria se enfrentan a un riesgo de desempleo incluso mayor que aquellos con menos formación. En el 2017 registraban una tasa de desempleo del 14.6%, que contrasta con el 8.7% de los jóvenes que poseen un título de educación secundaria y el 7.3% de los que no tienen formación.

Esta situación, en la que son muy pocas las oportunidades laborales para demasiados jóvenes, también se traduce en unos bajos niveles de bienestar. Prácticamente el 34% de los jóvenes peruanos aseguran que les resulta difícil, o muy difícil, salir adelante con sus ingresos actuales. Este porcentaje contrasta con el promedio de la OCDE, próximo al 20%, y sitúa a la juventud peruana en la peor posición de América Latina y el Caribe en su conjunto.

La alta proporción y el elevado número de jóvenes que componen actualmente la población peruana en edad de trabajar descenderán en un futuro próximo. De no adoptarse medidas, el informe sugiere que las oportunidades de aprovechar el dividendo de crecimiento asociado al bono demográfico se reducirán gradualmente.

A fin de promover la incorporación de más jóvenes al trabajo, la OCDE recomienda al Perú:

  1. Afianzar el diálogo social con los sindicatos, la sociedad civil y los empresarios con miras a mejorar las políticas laborales que contribuyen a reducir el dualismo del mercado de trabajo entre contratos temporales y permanentes, además de fomentar que los empresarios contraten a jóvenes.
  2. Asegurarse de que los incentivos a empresas, como son las rebajas fiscales a pequeñas empresas, no desalientan su expansión ni la contratación de jóvenes trabajadores. 
  3. Ampliar y aumentar la eficacia de los Servicios Públicos de Empleo (SPE) mediante la mejora de los programas de selección y formación para trabajadores sociales. 
  4. Continuar con los esfuerzos dirigidos a aumentar la tasa de matriculación y los resultados del aprendizaje de los alumnos procedentes de entornos desfavorecidos. 
  5. Comprometerse con políticas ambiciosas para atajar la vulnerabilidad de las jóvenes peruanas.
  6. Combatir la discriminación hacia los jóvenes indígenas y afroperuanos; y 
  7. Potenciar las oportunidades laborales de los jóvenes indígenas de zonas rurales mediante una estrategia coordinada en el contexto nacional para ayudar a las poblaciones rurales a iniciar actividades de emprendimiento nuevas y más rentables.