Gestión entrevistó a José Luis Martínez Lopez - Muñiz, Doctor en Derecho que acaba de recibir el doctorado honoris causa de la Universidad de Piura (UDEP) en el marco de sus 50 años de creación, y explicó su visión de los últimos acontecimientos políticos del país.

¿Cuál es su visión general sobre la separación de poderes ya que en el Perú tenemos una discusión sobre sí hay injerencia o no desde el Ejecutivo, el Legislativo y hasta el Judicial? ¿Cuál es el panorama que usted advierte y que recomendaciones o luces nos podría dar?

Tengo la impresión de que el problema que está preocupando a la opinión pública se refiere sobre todo a la relación puntual entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. No he observado, sin embargo, una articulada inquietud acerca de la relación de esos otros dos poderes con el Poder Judicial.

Aunque la polarización es entre Legislativo y Ejecutivo, el Poder Judicial está en la discusión pues el Congreso ha lanzado insinuaciones de que el Ejecutivo direcciona al Poder Judicial para afectar a líderes políticos, en este caso la lideresa de la mayoría congresal.

Creo que la manera más productiva para aportar con su pregunta es afirmar que el mantenimiento de la independencia del Poder Judicial, entendido como el conjunto de los tribunales cuyo nivel supremo ocupa el Tribunal Supremo, más no encima del Tribunal Constitucional - que tiene otro carácter - es fundamental para el mantenimiento del sistema democrático de derecho, unido por supuesto a la adecuada preparación de los jueces y magistrados.

Me gustaría plantearle el caso puntual de nuestro Poder Ejecutivo presentando un proyecto al Poder Legislativo, de adelanto de elecciones. Y en medio de esta discusión, el Congreso exige que la institución que dirima la pertinencia del proyecto sea el Tribunal Constitucional pues se trata de una reforma que afecta a nuestra Carta Magna. Vemos entonces una clara mezcla de poderes ¿Cómo sortear ese escenario?

Las tensiones y las colisiones entre los poderes y, particularmente entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, son algo común en todos los países. Lo importante es cómo consiga regularse a nivel constitucional y luego en la praxis el sistema constitucional para que esas colisiones tengan vías de resolución y no sean traumáticas para el sistema institucional.

Entonces, en el caso que usted me estaba diciendo, sí hay un conflicto entre los dos poderes, y ese conflicto trata de ser canalizado hacia el Tribunal Constitucional, que no es el Poder Judicial por cierto, sino que es un órgano superior a los otros poderes en el orden jurisdiccional, no me parece mal su convocatoria; ello siempre y cuando efectivamente, la vía que se utilice esté predeterminada en la regulación del Tribunal Constitucional o en la base de la constitución.

En cualquier caso, yo creo que cuando un Gobierno plantea al Poder Legislativo un proyecto de ley de reforma constitucional, obviamente el Congreso tiene que ser muy dueño de poder decir que sí o que no.

¿Cuál es su visión sobre el sistema presidencialista que nos rige? ¿Cree que en general nuestro sistema ha acabado mezclando sistemas parlamentaristas con la figura presidencial y eso ha generado este choque de poderes?

Yo creo que lo que usted señala es la clave del asunto, en mí apreciación. A mí me parece que una buena parte de estos problemas derivan de la mistificación del sistema constitucional peruano, que tiene una cierta inspiración en lo que también existe en Francia, la Quinta República Francesa, que sigue vigente en Francia, la mezcla precisamente entre el presidencialismo y el parlamentarismo.

Y eso produce distorsiones porque hace difícil encajar las piezas del sistema. Aquí tienen un presidente que es elegido directamente por el pueblo con una fuente de legitimidad democrática que es diferente de la del Congreso. Y, además, por el sistema de funcionamiento del Perú, pues resulta que tanto el presidente como el Congreso se eligen en el mismo momento histórico, lo cual es otro factor de influencia.

El presidente además tiene también que contar con el apoyo del Congreso para una mejor gestión. Entonces que ese conjunto, presidente y Consejo de Ministros, tenga la capacidad que en los sistemas parlamentarios tienen un gobierno que ha nacido de la confianza de la Cámara, de la confianza del Congreso, del Parlamento, es lo que me parece más cuestionable.

Porque efectivamente en los sistemas parlamentarios, el presidente del gobierno puede decidir la disolución de las cámaras, antes de que termine la legislatura, y someterse a cuestiones de confianza, mociones de censura y otros. Pero ese presidente del gobierno es lo que es exclusivamente por la confianza de ese parlamento. Y, por tanto, hay una vinculación entre los dos. Y sí efectivamente se pierde la confianza, pues se tiene que ir él o se tiene que disolver el parlamento.

Pero creo que en un sistema constitucional como el peruano - donde las fuentes de legitimidad del presidente, y en gran medida con él, la del Consejo de Ministros - tienen otra procedencia, y que eso pueda imponerse sobre la legitimidad del Congreso; es lo que me parece que provoca estos conflictos.

Entonces eso probablemente requiriese una revisión en profundidad, porque es muy difícil hacer funcionar estas dos legitimidades de esa manera.

Ya para terminar este tema de la separación de poderes. A pesar de los problemas, nuestro país lleva en democracia desde el año 2000, ya casi 20 años. Tenemos un sistema que se está manteniendo en la democracia y que ha permitido un crecimiento económico envidiable en la región. ¿Considera que estamos encaminados a un sistema fortalecido?

Yo tengo la impresión, sí me permite, que habría que tratar de que cada uno se mantenga dentro de los límites del sistema constitucional y legal. Se debe intentar no cambiar las normas, sobre todo las constitucionales, y también las legislativas, cada vez que surge un problema. Además, es muy importante en definitiva la estabilidad jurídica e institucional, me parece que es vital para que la sociedad en su conjunto pueda avanzar con confianza. Que haya una estabilidad, que no se cambien las normas cada dos por tres. Ciertamente es un mal generalizado en muchos países.

Y, por último, en nuestro país hemos tenido muchos problemas en el manejo de los intereses privados frente al sector público, y cómo se gestionan estos intereses; lo que se conoce como lobby. En nuestro país existe legislación sobre el tema, pero nos gustaría conocer su punto de vista sobre el tema.

Sí, bueno, se ha venido debatiendo ese tipo de exigencias, efectivamente, sobre todo para los que tienen responsabilidades de dirección política y de administración. Los que tienen que tomar las decisiones, en definitiva.

A mí me parece bien, siempre y cuando tampoco entremos en la obsesión, porque desde siempre ha existido en los espacios jurídico-administrativos como en los judiciales, el deber de abstención y el derecho a la recusación de quién tiene que decidir, por parte de los interesados, cuando se tenga conocimiento de que tiene alguna relación personal con el asunto, directa o indirecta.

Siendo realistas, al final las personas, sí no actúan de buena fe, tienen muchos medios para sustraerse a esas exigencias reglamentarias. Al final lo relevante es que existan mecanismos para poner la recusación, de quien a los interesados les conste que no reúne la independencia suficiente. Y eso creo que puede funcionar bastante bien.