El consorcio concesionario Cohidro, compuesto por la empresa china Synohidro y la peruana Construcción y Administración, desistió en diciembre de continuar con la aprobación del EIA después de que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones no presentase a tiempo unos estudios complementarios de toxicidad.
El consorcio concesionario Cohidro, compuesto por la empresa china Synohidro y la peruana Construcción y Administración, desistió en diciembre de continuar con la aprobación del EIA después de que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones no presentase a tiempo unos estudios complementarios de toxicidad.

El Gobierno peruano mantiene su intención de sacar adelante la , plan para dragar 2,700 kilómetros de ríos de la para mejorar el transporte fluvial, pese a que el estudio impacto ambiental (EIA) del proyecto quedó incompleto y deberá realizarse uno nuevo.

Así lo aclaró el ministro de Transportes y Comunicaciones de Perú, , quien manifestó en una reunión con la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú (APEP) que “el contrato de concesión continúa y está vigente” aunque el EIA no haya logrado la aprobación de la autoridad competente.

El consorcio concesionario Cohidro, compuesto por la empresa china Synohidro y la peruana Construcción y Administración, desistió en diciembre de continuar con la aprobación del EIA después de que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones no presentase a tiempo unos estudios complementarios de toxicidad.

COMPLEJOS ESTUDIOS

En ese sentido, Trujillo explicó que esos análisis no pudieron ser presentados por parte de su administración ya que la primera convocatoria fue declarada desierta dada su complejidad y alta especialización.

“Es un estudio completo de caracterización de los lodos y disposición final de los lodos dependiendo de esa caracterización”, indicó Trujillo.

El ministro señaló que se ha vuelto a realizar una nueva convocatoria para licitar esos estudios y “se ha establecido ya un mecanismo de diálogo con el concesionario para poder llegar a algunas conclusiones”.

CONTRATO SIGUE VIGENTE

“De parte nuestra, como Estado, no existe el interés de resolver el contrato. Consideramos que es un proyecto importante para la Amazonía y para la población”, apostilló Trujillo.

“En la Amazonía, los ríos son las grandes vías y por ahí se realiza el transporte. Como Ministerio tenemos como ministerio la responsabilidad de que ese transporte se haga con la mejores condiciones”, agregó.

El objetivo de la Hidrovía es mantener durante todo el año un canal de 56 metros de ancho y 1,8 metros de calado que permita la navegación segura de las naves de carga, que en época seca, cuando los ríos bajan su caudal, solo pueden circular a un 30 % de su capacidad de carga.

MÁS INFORMACIÓN CONTRA CRÍTICAS

Preguntado por las críticas que genera esta obra de grandes dimensiones en las poblaciones indígenas, Trujillo reconoció que hace falta mayor diálogo con las comunidades locales para limar las asperezas y reticencias que tienen a este proyecto.

“Somos conscientes y optimistas en que es preciso fortalecer la comunicación en las comunidades permita superar este inconveniente”, dijo Trujillo sobre las críticas a afectaciones ambientales para la pesca pero también al temor a que cualquier nave que circule por ese canal deba pagar un peaje.

El ministro recordó que en las condiciones actuales en las que se hace este transporte fluvial “hay muchos accidentes que han costado vidas humanas, y no queremos que eso suceda”.

424 COMUNIDADES NATIVAS IMPLICADAS

La Hidrovía Amazónica fue adjudicada en julio de 2017 y requerirá una inversión inicial de 95 millones de dólares, a cambio de una concesión de veinte años para Cohydro.

Los ríos contemplados para el dragado son el Huallaga, Marañón, Ucayali y Amazonas, en cuyas riberas se asientan 424 comunidades nativas, pertenecientes a 14 etnias diferentes.