Moody’s: Consejos de Ministros en regiones genera más gastos y legitima los conflictos sociales

Las últimas semanas vemos un proceso de convulsión social con demandas al Gobierno, ¿qué ven los inversionistas?

Creo que muchos inversionistas ven las noticias de los últimos días y se empiezan cuestionar si el Perú es ingobernable, generando una imagen muy dañina al país. No es tanto que el Perú sea ingobernable, porque los retos del país están ahí, es más la incapacidad del Ejecutivo de dictar medidas coherentes y de tener una agenda de gobierno y de políticas públicas que tenga un norte político, y por supuesto la falta de liderazgo.

Ya las expectativas de inversión son bajas para el Perú, ¿qué tanto más podría afectar este escenario?

La situación más crítica es la inversión. Tenemos una proyección que la inversión privada se va a contraer este año, pero puede que esto se agudice. Por ahora tenemos una proyección de crecimiento de la economía baja, de 2.5% para este año, y lo más preocupante es el efecto del mediano plazo.

¿A qué se refiere?

Tenemos una coyuntura en que los precios de los metales son muy favorables y debería empujar un ciclo de inversión minera con un multiplicador importante sobre la actividad económica y los demás sectores, eso no lo estamos viendo. Es uno de los costos que no lo estamos viendo en el corto plazo, sino que va a pesar en el desarrollo de la economía en el mediano plazo.

Sin embargo, enfrentamos más conflictos en la minería y otras zonas del país…

Más allá de eso, están todos estos conflictos sociales que han sido tal vez motivados por el mismo gobierno por sus promesas de campaña. Ahora el gobierno se encuentra en la incapacidad de resolver o de tratar de dialogar con las partes de los conflictos; reacciona muy tarde cuando trata de buscar resolver los conflictos sociales.

Se ha vuelto ya una fórmula que los conflictos se resuelven con Consejos de Ministros descentralizados…

En realidad, este tema de los Consejos de Ministros trasladarlos en distintos puntos del país no ayuda mucho, genera más promesas de gastos y les da legitimidad a muchos de estos conflictos, de exigir que el Gobierno se traslade a ellos, en lugar de usar los mecanismos que existen en la PCM, no crear un show mediático.

En medio de ello, surge la propuesta de convocar a un referéndum para la Asamblea Constituyente, pero esto ¿va a solucionar los conflictos y las demandas sociales?

Esta es una medida más improvisada que saca el Gobierno, que son manotazos de ahogado por la desesperación que tiene el Gobierno y la falta de creatividad que tiene para resolver realmente los problemas de los conflictos sociales. Esto en realidad parece una medida para distraer de los problemas actuales. Claramente un cambio de la Constitución no va a tener un efecto sobre los precios que está generando muchas de estas protestas, y mucho rechazo al gobierno. Tampoco hay un norte político al cambio de la Constitución, qué es lo que espera lograr y cuál es la solución.

Según lo dicho por los constitucionalistas hasta el momento, difícilmente esta medida prosperaría, debido al procedimiento que tiene en el Congreso, ¿aun así afecta este anuncio?

Creo que sí preocupa por el hecho que no todos entienden cómo funciona el proceso político en el Perú ni los detalles legales que se tienen que seguir; el simple anuncio de esta medida improvisada genera miedo e incertidumbre, y el hecho de que se rechace se vería como algo bueno, pero en el interín se genera más incertidumbre.

¿La calificación del Perú está en riesgo?

Si está iniciativa prospera, sí pesará en la calificación de riesgo del Perú por el hecho de que ya arrancamos en un marco institucional muy débil que se prestaría a abusos y distorsiones durante este proceso si es que se da, de reescribir la Constitución.

Algunos dicen que hay dos peldaños más y hay mucho espacio como para que el Perú pierda el grado de inversión…

Es cierto que uno no está al límite del grado de inversión, pero cada escalón que se pierde genera costos importantes en el costo de financiamiento al país y en las inversiones que llegan al país, y en general en la perspectiva de la economía y el desarrollo del país en el mediano plazo. Pero más allá de eso, un proceso constitucional sí podría afectar incluso llevarnos a cuestionar el grado de inversión en sí, dependiendo de cómo se vaya dando y qué medidas se van dictando de que el modelo económico se está cambiando.

¿Se podría perder casi de inmediato el grado de inversión?

Uno no podría descartar esa posibilidad, pero sería muy raro, al menos que veamos que se están adoptando medidas o leyes dentro de la constitución que sÍ son extremadamente dañinos para el equilibrio fiscal y la economía del país.

Dices que cada peldaño es un costo, y ya hemos tenido este retroceso ¿cuánto impacta al país cada rebaja en la calificación de riesgo?

Muy directamente afecta el costo de financiamiento del Gobierno, y a mayor costo de financiamiento menor espacio para gastar en subsidios, para gastar en infraestructura y en educación y en muchos de los servicios públicos. Hay un impacto indirecto porque los costos de financiamiento y los costos financieros en todo el resto de la economía del país, aumenta los costos a los que se puede endeudar cada agente en la economía, incluyendo el ciudadano promedio en las hipotecas, crédito para las mypes, de consumo, de las tarjetas de créditos.

¿Y las inversiones?

Ahuyenta las inversiones, porque los inversionistas utilizan la calificación de riesgo para tratar de entender y medir el riesgo de invertir en el país. No solo de inversiones financieras, sino de inversiones reales y eso frena las inversiones del país, y uno diría que son conceptos macroeconómicos que no afectan a las familias, pero sí afectan al ciudadano de a pie, porque desacelera la creación de empleo o lleva a una menor creación de empleo formal y un menor dinamismo de la economía, que afecta a todos y cada uno de los ciudadanos del país.