La agencia redujo de 4.5% a 3.7% su proyección de crecimiento de la economía peruana para el presente año debido a las consecuencias directas como indirectas del "efecto Odebrecht".

Según un reporte de Jaime Reusche, vicepresidente senior de Análisis de Moody's, las investigaciones del caso de sobornos pagados por Odebrecht a funcionarios públicos del Perú podrían afectar a otras grandes inversiones públicas.

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Explicó que el mayor efecto vendrá por la suspensión de las obras del (GSP), cuyo proceso de financiamiento que realizó Odebrecht "fracasó".

"En virtud del contrato con el gobierno peruano, si no se obtenía financiamiento para el GSP, las autoridades tenían la opción de rescindir el contrato o imponer una sanción, que ya lo han hecho", indicó Reusche.

Señaló que debido a este evento, las proyecciones de crecimiento del PBI del Perú, tanto oficiales como del sector privado, se han reducido en aproximadamente 0.5 puntos porcentuales.

"El caso Odebrecht ha desencadenado investigaciones sobre otros proyectos de inversión pública y Asociaciones Público Privadas (APP) en las que estaba involucrada la constructora", mencionó.

En ese sentido, advirtió que existe la preocupación de que los casos de corrupción contra la contructora brasileña pueda "descarrilar" otros proyectos.

"A medida que avanzan las investigaciones, el contagio podría extenderse, afectando a otros grandes proyectos de inversión pública", subrayó.

Sin embargo, no todas son noticias malas en el informe de Moody's, ya que deja abierta la posibilidad de aumentar esa proyección si se tiene en cuenta que las condiciones externas parecen estar mejorando para el Perú.

"Las condiciones externas parecen estar mejorando, lo que favorecería mejores términos de intercambio, mientras que los principales indicadores de la actividad económica del Perú sugieren que la demanda interna podría fortalecerse en los próximos meses", manifestó.

También mostró su confianza de que la desaceleración del crecimiento de la economía peruana afecte sustancialmente los esfuerzos de consolidación fiscal de las autoridades peruanas, que apuntan a un déficit fiscal de 2.5%.