El señaló que el proyecto de ley del que asegura el pago inmediato de la reparación civil en casos de corrupción es “mejor” que el , que vence este 14 de febrero. Sin embargo, plantea que el Gobierno emita otro decreto hasta que se discuta la nueva normativa.

“El Ejecutivo tiene que sacar una norma que cautele los intereses [ de los proveedores, ciudadanos ] y nosotros encantados de la vida de discutir el tema, de llamar a especialistas. Para ser sincero, me imagino que este proyecto es bastante mejor que el Decreto de Urgencia”, dijo en entrevista con RPP Noticias.

Además, reconoció que la figura de constituir fideicomisos era una “salida interesante” que no se planteó en el proyecto de ley de la congresista Karina Beteta, que fue observado por el Ejecutivo y enviado al Legislativo en la quincena de diciembre 2017.

“Reconozco que no estaba la figura del fideicomiso, que es una salida interesante, claro que sí”, indicó Miguel Torres.

Además, señaló que su posición es la de discutir otro decreto de urgencia, mientras se discute el proyecto de ley del MEF, ya que tres días hábiles para discutirlo es muy poco tiempo.

“Al Ejecutivo le decimos: qué creen, que nos van a mandar un proyecto ley y que eso va a ser la excusa para que no se emita nada y Odebrecht se pueda llevar todas las cosas, se equivocaron, vamos a advertir que estamos a tres días y que evidentemente tiene que tomar una medida, y nosotros encantados después de discutirlo con toda la prioridad del mundo”, indicó.

Para Torres, el proyecto de Beteta fue la respuesta que tuvo el Congreso ante el DU003, el cual añadía acciones contra los consorciados y que no se cautelaran los derechos de proveedores y trabajadores.

“Si ellos pensaron que cuando emitieron el , no nos íbamos a dar cuenta. Se equivocaron, sí nos dimos cuenta”, dijo.

El congresista recalcó que el proyecto de Beteta no impedía que las empresas constructoras contraten con el Estado, sino que extendía las limitaciones que tenía Odebrecht a las empresas consorciadas.

“¿Cuales eran las limitaciones? Era: contraten todo lo que quieran, pero si ustedes se han beneficiado de utilidades corruptas, entonces también tienen que hacerle alguna retención a estas empresas consorciadas”, indicó Miguel Torres, de Fuerza Popular.

También se fijaba en la situación de los proveedores de las empresas vinculadas a casos de corrupción, sostuvo. “Decíamos: A los proveedores no se les está logrando pagar, estás quebrando las empresas. Necesitamos un mecanismo a través del cual se le asegure el pago de sus servicios”, indicó.